El pasado fin de semana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tuvo la desfachatez de presentar su proyecto de rebaja de penas por el delito de sedición no como lo que es, una infame concesión del Ejecutivo social-comunista a los golpistas de ERC por su apoyo a los Presupuestos–, sino como una especie de imperativo comunitario: “Es una obligación hacer esa revisión como país democrático en un entorno europeo que tiene que armonizar esta cuestión por exigencias europeas”. Se trata de la misma patraña que, meses atrás, tratara de inocular en la opinión pública la vicepresidenta Carmen Calvo cuando avaló la rebaja de penas para los golpistas del 1-O sobre la base de que “Europa nos ha mandado un mensaje”.
Pues bien, este lunes la Comisión Europea, por boca de su portavoz de Justicia, Christian Wiegan, ha desmentido rotundamente al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al asegurar: “No ha habido recomendaciones de la Comisión en este caso, pues [las reformas sus respectivos códigos penales] es una competencia de los Estados miembros”.
La fake news del Gobierno social-comunista es aún más bochornosa si se tiene en cuenta el primer borrador sobre el informe de la reforma de la Euroorden, que pasa a amparar que las ofensas contra la integridad constitucional de un Estado miembro entren dentro de los delitos por los que se debe dictar automáticamente la entrega.
La triste realidad es que el Gobierno está entregado a la extrema izquierda podemarra y a los separatistas de ERC, que, no contentos con una rebaja de las penas para los golpistas, buscan incluso su absoluta impunidad por la vía del indulto. De hecho, este mismo martes Podemos ha reclamado al Gobierno del que forma parte que los golpistas presos estén en la calle antes de febrero, mes en el que previsiblemente se celebrarán las elecciones autonómicas catalanas.
Aunque lo más grave de la situación sea que el Gobierno de la Nación, lejos de sofocar un proceso secesionista comandado desde una Administración autonómica que sigue a todas luces en rebeldía, se someta y sirva a los intereses de los sediciosos a cambio de mantenerse en el poder, no deja también de ser preocupante y denunciable que el propio Ejecutivo social-comunista –que trata de imponer también la censura mediante un orwelliano Ministerio de la Verdad– pretenda institucionalizar la mentira de que la reforma del Código Penal al gusto de los separatistas obedece a un imperativo europeo. Lo cierto es que se trata de una falsedad tan clamorosa como aquella que decía que Europa no permitía a España la rebaja o la eliminación del IVA de las mascarillas y demás material sanitario.
Estamos en manos de unos gobernantes mentirosos, liberticidas e incompetentes para quienes todo vale con tal de seguir en el poder.