Tras la reunión que mantuvieron este lunes en Bruselas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, el Gobierno ha decidido pedir la retirada de la infame reforma registrada por el PSOE y Podemos en el Congreso para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ de tres quintos a la mitad más uno del Parlamento. Dicha reforma, clamorosamente inconstitucional, había sido criticada tanto por la Comisión Europea como por las asociaciones de jueces. Y no era para menos: si ya resultaba lamentable que el Poder Legislativo nombrara directamente a los 20 vocales del CGPJ, la rebaja de esa mayoría hubiera significado en la práctica que el Poder Ejecutivo y sus socios pasaran a nombrar a la totalidad de la cúpula del Poder Judicial.
Ahora bien, ello no debe ser excusa para que PSOE y PP vuelvan al cambalache por el cual el Poder Legislativo designa no sólo 8 sino los 20 vocales del CGPJ. Pero el caso es que el ministro de Justicia abiertamente espera un acuerdo entre populares y socialistas para después de las elecciones autonómicas madrileñas, mientras que el PP, olvidando sus promesas de regeneración democrática, ya no reclama que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”, como exige la Constitución. Por el contrario, Pablo Casado parece dispuesto a que el Parlamento nombre a los 20 vocales siempre y cuando Podemos no entre en el apaño, cosa que ni siquiera el PSOE le garantiza. Y es que una cosa es que el partido de Pablo Iglesias no esté de acuerdo con el PSOE en la retirada de reforma y otra muy distinta que el PSOE esté dispuesto a excluir a Podemos del tejemaneje que quiere urdir con el PP.
De todas formas, y aun cuando Podemos quedara fuera, la cuestión no era ni es despodemizar la Justicia sino despolitizarla, y para ello hay que atender no solo a la literalidad del artículo 122 de la Constitución sino a la recomendación del Consejo de Europa de 2010 (cap. IV) y a las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea, que reclaman que “al menos la mitad de los miembros de dichos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares”.
¿Qué va a hacer Casado? Esta es la pregunta del millón.