Cinco años después de que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, amenazara al Gobierno de España con emprender un proceso separatista en Cataluña que no pararían "ni los tribunales ni la Constitución", el Ejecutivo de Rajoy parece, por fin, haberse dado cuenta de que lo que están protagonizando las sediciosas autoridades autonómicas catalanas desde entonces es un auténtico "golpe de Estado". Eso, al menos se deduce de las palabras del ministro de Educación o de la ministra de Defensa, quien ha afirmado que "si estuviéramos en otro país, en otras circunstancias y a los mejor no estuviéramos hablando de políticos, estaríamos hablando de un intento de golpe de Estado".
Aunque hace ya casi dos años que la prensa alemana tildó a Artur Mas de "presidente golpista" o "enemigo del Estado", o que Alfonso Guerra se atrevió a decir que lo que se estaba produciendo en Cataluña era un "golpe de Estado a cámara lenta", lo cierto es que nuestra somnolienta y condescendiente clase política y mediática no ha despertado de su letargo de estos años ni siquiera ante hechos tan graves como el desvío de fondos públicos para la financiación de ilegales "estructuras de Estado", el compromiso cumplido de los gobernantes nacionalistas de no obedecer una sola resolución del Tribunal Constitucional contraria a su proceso separatista o la celebración de un ilegal referéndum de independencia el pasado 9 de noviembre de 2014. Recuérdese que la reacción de Rajoy ante la celebración de esa consulta ilegal y de tan clamorosa desobediencia a nuestros Altos Tribunales siguió siendo tan de perfil bajo y tan sumamente desproporcionada como en los tiempos en que pensaba que la cosa no pasaba de ser una simple "algarabía". No es de extrañar, en este sentido, que los imputados por el 9-N pretendieran tiempo después contar con el presidente del gobierno como testigo de su defensa.
Lo peor es que ese letargo de nuestra clase política se mantuvo ante las desobediencias perpetradas por el gobierno de Puigdemont tras la resolución del parlamento autonómico de noviembre de 2015 en el que "se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república".
Resulta, por tanto, un poco sorprendente que el Gobierno de Rajoy le haya hecho despertar de su letargo la noticia de El País relativa a la "desconexión express" que prepara Puigdemont, pues, sin querer quitarle en modo alguno gravedad, no deja de ser una noticia que, en buena parte, ya habíamos publicado hace meses otros medios de comunicación, y que, por preocupante que sea, no deja de ser un corolario lógico a la ilegal y no menos grave resolución parlamentaria de 2015 en el que se hace un expreso compromiso a ignorar todo lo que diga el Tribunal Constitucional y una expresa mención a las sediciosas leyes de transitoriedad jurídica.
Aun así, lo más surrealista de todo es que una vez que el Gobierno parece por fin haberse dado cuenta de la extrema gravedad de lo que esta sucediendo en Cataluña, su única reacción parezca ser la de invitar al golpista al Congreso o que este vaya a recibir al Rey en su visita a Cataluña.
Entiéndase bien: Nada hay que objetar a que el máximo representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalidad, vaya a recibir al Jefe del Estado en su visita a Barcelona; como nada habría que objetar incluso a que un mandatario regional, partidario de llevar a cabo legalmente una reforma constitucional, fuera a defender su propuesta a la sede de la soberanía nacional. Lo que resulta inaceptable es que un "enemigo del estado", un "golpista" como ya parece que se atreven a calificarlo algunos miembros del Gobierno de Rajoy, siga ostentando el cargo de presidente de la Generalidad sin que el Gobierno haya procedido a suspender total o parcialmente la sediciosa administración autonómica en aplicación del articulo 155 de nuestra Constitución.
Y es que la pregunta más pertinente que le han hecho a Rajoy, una vez que su gobierno parece querer ser consciente de lo que ocurre en Cataluña, es la que, paradójicamente y a las claras, le ha planteado la senadora de ERC, Mirella Cortés: "¿Hasta donde está dispuesto para parar el referéndum?" Y la respuesta de Rajoy ha sido el mismo cúmulo de vaguedades que el presidente de Gobierno empleó en su día para asegurar que la ilegal consulta del 9-N no se celebraría.
Y es que de poco sirve que el Gobierno de Rajoy califique con la gravedad que merece lo que ocurre en Cataluña si luego sigue sin atreverse siquiera a mentar el articulo 155 de la Constitución, o a supeditar la financiación extraordinaria proveniente del FLA a un público acatamiento del orden constitucional por parte de los golpistas, o instar a la Fiscalía para que los procese ya habida cuenta de los múltiples y silenciados delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos que han seguido perpetrando con posterioridad al 9-N.
Rajoy lo único que le ha espetado a los separatistas es que "ustedes pretenden saltarse la ley y, además, pretenden que me la salte yo"; pero la realidad es que los secesionistas tienen bastante con que Rajoy no se atreva, como hasta ahora, a hacerla cumplir. Y, en ese sentido, no nos extrañe que, pasado este efímero y aparente "despertar" de Rajoy, el presidente del Gobierno vuelva a su irresponsable y cómodo letargo.