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EDITORIAL

Con todas las consecuencias

Se impondría activar los mecanismos constitucionales en respuesta a esta rebelión, dejando abierta incluso la puerta a la suspensión de la autonomía catalana.

Artur Mas ha llegado finalmente a un acuerdo con el resto de fuerzas separatistas catalanas para realizar una consulta secesionista el 9 de noviembre de 2014. El día en que el resto del mundo conmemorará el vigésimo quinto aniversario del derribo del Muro de Berlín, los nacionalistas catalanes pretenden poner la primera piedra del suyo, que separaría al Principado del resto de España y de la Unión Europea.

En línea con la oscura confusión que ha caracterizado desde sus inicios este por lo demás patético desafío secesionista, la ilegal consulta tendría siete respuestas posibles. Dejando de lado las dificultades del recuento, los resultados podrían convertirse en un auténtico embrollo en el que no quedara clara la voluntad de los que se prestasen a semejante farsa plebiscitaria.

Hasta el momento el Gobierno regional de Cataluña se había limitado a amagar con perpetrar un delito. Ahora se dispone a dar un paso más. Un paso tremendamente irresponsable y grave. La rebelión de un órgano del Estado contra el orden constitucional es un hecho ante el que el Gobierno de la Nación no puede permanecer de brazos cruzados. Mariano Rajoy no puede limitarse a insistir en su negativa a autorizar una consulta ilegal apelando a un recurso ante el Tribunal Constitucional, como si el Gobierno regional de Cataluña Ejecutivo autonómico simplemente estuviera modificando un reglamento de orden administrativo.

Así pues, se impondría activar los mecanismos constitucionales en respuesta a esta rebelión, dejando abierta incluso la puerta a la suspensión de la autonomía catalana.

El Gobierno de la Nación podría haber acabado con este delirante proyecto secesionista de Artur Mas y sus adláteres simplemente haciendo cumplir su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con las finanzas catalanas devastadas a causa de gestiones nefastas a lo largo de los años, los irresponsables gobernantes regionales habrían quedado expuestos ante sus conciudadanos y el delirio secesionista se habría venido abajo, aplastado por su propia inanidad. En lugar de eso, Rajoy ha preferido seguir por la vía del privilegio y el consecuente agravio comparativo para con otros gobernantes, sin duda más fiables y leales, con la vana esperanza de que esta política de concesiones hiciera desistir a las fuerzas separatistas de su proyecto originario. Pues bien, este jueves ha recibido cumplida respuesta.

Las opciones que tiene ante sí Rajoy con claras: o seguir rescatando al desastroso y traidor Gobierno de Mas a costa de la España productiva o cumplir y hacer cumplir la Constitución, con todas las consecuencias.

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