Uno de los secretos mejor guardados, lamentablemente, de nuestra democracia es el número de delitos que se perpetran anualmente por reclusos que disfrutan de permisos penitenciarios. La noticia de que Francisco Javier Almeida, presunto autor del crimen del niño de Lardero, disfrutaba en el momento del asesinato del menor de un tercer grado concedido por el Ministerio del Interior contra el criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel donde cumplía condena, tanto como el hecho, ya acreditado, de que Almeida, a pesar de agredir sexualmente a una niña en 1993 y de violar y asesinar a una mujer 1998, había venido disfrutando de hasta 39 permisos penitenciarios desde 2013, hacen más necesario que nunca reclamar al gobierno esta estadística. Más aun si tenemos presente la denuncia hecha por ACAIP -el principal sindicato de funcionarios de prisiones- según la cual el Ministerio liderado por Grande-Marlaska incentiva económicamente a los directores de prisión según el número de concesiones del tercer grado a los presos.
Así las cosas, no puede ser más oportuna la reclamación que Vox ha dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para que haga pública todas las resoluciones aprobadas en la presente legislatura para la concesión de terceros grados y la lista de todos los reclusos beneficiados. No estaría de más reclamar también -en este caso al ministerio de Justicia- el número de fugas o de delitos protagonizados por acusados que, a la espera de juicio, disfrutan de libertad condicional gracias a jueces que dictaminaron nimias fianzas o no valoraron adecuadamente el riesgo de reincidencia o de fuga del acusado.
A la espera de conocer esos datos, lo que ya resulta exigible es la dimisión del ministro del Interior por una bochornosa política de incentivos a la hora de conceder terceros grados que, sin entrar a valorar si pudiera constituir un delito de prevaricación, supone una clamorosa irresponsabilidad con consecuencias que pueden ser irreparables.
Hay que tener claro que ya no se trata tan sólo de reivindicar la justicia y la necesidad de aplicar la pena permanente revisable -avalada recientemente por el Tribunal Constitucional- para crímenes especialmente graves como el de Laredo sino de conocer también el grado de cumplimiento efectivo de la pena de prisión para cualquier delito que se alcanza en España y el número de delitos que se perpetran durante los diferentes permisos de salida de prisión que se conceden en nuestro país.
Y es que de nada servirá incrementar el número de policías para atajar el delito si no existe severidad en el castigo y ni tan siquiera cumplimiento efectivo del mismo.