El manifiesto suscrito por una treintena de jueces catalanes en defensa de la independencia de Cataluña es sólo la última consecuencia visible de la politización sistémica de la Justicia en nuestro país. En abierta rebeldía constitucional, estos magistrados catalanes han decidido sumarse a la ofensiva separatista que busca destruir la esencia de la nación española, en cuya indivisibilidad se fundamenta la propia Carta Magna según reza su artículo 2. La actitud de los magistrados abajofirmantes, algunos de ellos bien caracterizados en el pasado por su proximidad a las tesis separatistas, los descalifica para ejercer sus responsabilidades jurisdiccionales, dimanantes precisamente del ordenamiento jurídico que buscan destruir aunque disimulen la gravedad de este hecho con disquisiciones en torno a un inexistente derecho a decidir como las que contiene el texto suscrito.
Pero estos jueces catalanes embarcados en la operación separatista impulsada por el gobierno regional catalán no son, por desgracia, una excepción en el tono general que impera en nuestra Justicia. El propio Tribunal Constitucional, en teoría el máximo garante de nuestra Carta Magna, no se caracteriza precisamente por su defensa clara de los principios y mandatos que dan sentido a nuestra Constitución. Su interpretación asombrosamente laxa del Estatuto de Cataluña, que dinamita la igualdad de todos los españoles y la necesaria solidaridad entre los territorios de la nación española, no ha sido una excepción, sino la base desde la cual alfombrar jurídicamente una operación de hondo calado que busca otorgar carta de naturaleza a la secesión de una parte de España a espaldas del único sujeto de la soberanía reconocido en nuestra principal Ley, que no es otro que el pueblo español en su conjunto. La tesis defendida por Adela Asúa, magistrada nacionalista encumbrada nada menos que a la vicepresidencia de nuestro tribunal de garantías, en rechazo del recurso interpuesto por el Gobierno de España contra la pretendida consulta separatista, es otro jalón en la vergonzosa trayectoria de un órgano dedicado a bendecir los enjuagues de la clase política en lugar de poner coto a sus desmanes haciendo cumplir a rajatabla la Constitución.
Los incumplimientos de Mariano Rajoy desde su llegada al poder son clamorosos, como ha quedado suficientemente de manifiesto en estos dos primeros años de mandato. Sin embargo, la mayor traición a los intereses generales no es el abandono de la sana política económica que siempre defendió el PP, sino el desprecio a la promesa acabar con la politización de la Justicia que constituyó el frontispicio de su programa electoral. Muy al contrario, lo que ha hecho el gobierno del PP a través de su ministro de Justicia, ha sido precisamente fomentar la corrupción interesada de los jueces y altos tribunales, repartiéndose sus nombramientos a gusto de las distintas fuerzas políticas en función de su distinta representatividad. El resultado es el que estamos viendo con asuntos muy recientes como la derogación injustificada de la doctrina Parot con carácter general, las incursiones de los juzgados madrileños en un asunto de estricta gestión política como es la privatización de determinados servicios hospitalarios o la validación de la violencia contra el rival político a las puertas de su domicilio particular.
Ahora bien, ninguno de estos asuntos, por importantes que sean en su ámbito concreto, puede equipararse en gravedad con la operación secesionista organizada por las fuerzas separatistas catalanas –a la que ya se están uniendo las vascas-, cuya bendición judicial por parte de treinta magistrados catalanes es sólo un pequeño anticipo de lo que queda por venir.