La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el escándalo de la aerolínea Plus Ultra pone de nuevo a la Sociedad Española de Participaciones Industriales en el foco de la atención judicial y mediática. La empresa pública estatal es el epicentro de la corrupción sanchista por la discrecionalidad con que ha actuado en los escándalos más sonados, que llevaron a la detención de su presidente, Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero cuando estaba al frente de la cartera de Hacienda. El papel determinante del holding estatal queda acreditado en los autos judiciales más recientes, que sitúan a la SEPI en el vértice de la corrupción del sanchismo a gran escala.
Las mordidas de las que supuestamente se ha beneficiado Zapatero nunca habrían tenido lugar si no fuera por la existencia de la SEPI, un órgano paraestatal con un presupuesto de 6.000 millones de euros que ha venido actuando sin el rigor y la austeridad que debe exigirse a una empresa del Estado. De ser un reservorio de las participaciones estatales en empresas estratégicas para poder gestionar esa importante cartera sin las rigideces de los órganos administrativos, la SEPI se ha convertido bajo el sanchismo en un chiringuito financiero dedicado a propiciar la corrupción de la casta socialista.
Ábalos y Zapatero se disputaban su influencia en el holding empresarial público para montar las operaciones que les han llevado al procesamiento. Finalmente, fue el expresidente socialista el que se quedó con esa parte del negocio de influencias, a cambio de unos pagos irregulares cuya cuantía está aún por determinar.
Yerran gravemente los que pretenden achacar la corrupción vinculada a la citada empresa pública a unos pocos casos puntuales, surgidos por la falta de escrúpulos de unos personajes bien relacionados. Muy al contrario, la propia existencia de la SEPI ya es la antesala de la corrupción que, de manera inevitable, acaba floreciendo cuando se dan las condiciones necesarias, como ha ocurrido desde que Sánchez llegó al poder.
No es razonable que un político nombrado por una ministra pueda decidir el rescate millonario de una empresa con un par de trámites amañados y su firma al pie de un documento. La falta de control de estos chiringuitos y la discrecionalidad con la que son gestionados crean el caldo de cultivo imprescindible para surja la corrupción a gran escala, como hemos visto con asuntos de tanto calado como los rescates de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa.
Lo único sensato, una vez se ha constatado la podredumbre sistémica de una organización, es disolverla y distribuir sus funciones en otros organismos objeto de controles más rigurosos. No se trata de acabar con la participación del Estado en industrias estratégicas, sino de dificultar al máximo el tráfico de influencias al que los dirigentes políticos son tan aficionados cuando salen del poder.