Parecía imposible superar el bochornoso espectáculo protagonizado el lunes por los golpistas presos al recoger sus actas de diputado. Sin embargo, la jornada de constitución del Parlamento celebrada este martes lo ha superado con creces, hasta el punto de que la sede de la soberanía nacional se ha convertido en escenario de una inadmisible humillación a todos los españoles leales a la Nación y a su régimen de libertades.
En efecto, los golpistas no sólo han aprovechado su salida de la cárcel para volver a mantener conversaciones por teléfono y grabar vídeos que han publicado después en las redes sociales, pese a la prohibición expresa del Tribunal Supremo, sino que han perpetrado una burla a la Nación y a la Constitución a la hora de tomar posesión de sus escaños. Y es que, en lugar de limitarse a responder con un "sí" o con un "no" a la pregunta de si prometen lealtad a la Constitución y al Rey, se han proclamado fieles "al mandato democrático del 1 de Octubre" y "al pueblo catalán", por ejemplo, y han abogado por "la libertad de los presos y exiliados".
Ahora bien, que los golpistas hayan convertido el Congreso en un circo infame, e incurrido en una ominosa apología del golpe de Estado que pretendieron dar el 1 de octubre de 2017, es responsabilidad de quienes pudieron y debieron haberlo evitado.
Ciertamente, los golpistas no son los responsables de que no haya una legislación lo suficientemente clara como para garantizar que quien está siendo procesado por delitos tan graves como los que se imputa a la banda de Oriol Junqueras pueda ser privado de forma preventiva del llamado derecho al sufragio pasivo, esto es, de la posibilidad de ser candidato en unas elecciones. Pues, aunque ahí está el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta patéticamente evidente que los magistrados han hecho una interpretación estupefacientemente restrictiva del mismo, según la cual para que Junqueras pudiera ser obligado a renunciar a su cargo tendría primero que ostentarlo.
En segundo lugar, ha sido la presidente del Congreso, Meritxell Batet, quien ha considerado válida la formula con que los liberticidas, más que prometer lealtad a la Constitución y al Rey, han hecho, en realidad, apología de los delitos por los que Junqueras y compañía están en el banquillo. A Artur Mas se le permitió asumir el cargo de presidente de la Generalidad en dos ocasiones pese a que prometió lealtad "al pueblo catalán" y a la "transición de la autonomía al Estado catalán en 18 meses". Lo mismo se le consintió a Puigdemont. Pues de esos polvos, estos lodos, por lo que ya va siendo hora de que el Estado se haga respetar, si es que pretende ser respetado. Recuérdese, en este sentido, que por una no deliberada omisión de una sola palabra en la fórmula de toma de posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos a Barak Obama se le obligó a prestar juramento una segunda vez.
Finalmente, la decisión de Batet de no suspender inmediatamente a Junqueras y a los demás diputados encarcelados, y de posponer la cuestión a la semana que viene, constituye una arbitrariedad que roza la prevaricación. Y esto es así porque la referida suspensión no es una opción que tenga a su disposición la Mesa del Congreso, sino una obligación, para dar cumplimiento a lo estipulado en el ya mentado artículo 384 bis de la LEC, que literalmente dice: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional, (…) el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
Verdaderamente, no es de extrañar que quienes no quieren cumplir la ley se alíen con quienes se niegan a hacerla cumplir.