Cinco de los capos secesionistas que están siendo juzgados en el Supremo por el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 son ya diputados y senadores en la legislatura que ahora echa a andar. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull recogieron este lunes sus actas de diputado, haciendo uso de la autorización que les fue concedida a tal efecto por el TS.
Los capos separatistas aprovecharon su presencia en las Cortes para reunirse con algunos de sus correligionarios y lanzar consignas a través de las redes sociales, a pesar de que el TS les había prohibido expresamente realizar actividades de ese tipo.
La presencia en el Congreso de los cabecillas del golpe supremacista ha supuesto una afrenta intolerable al Estado de Derecho. Todos estuvieron directamente implicados en los preparativos del referéndum liberticida del 1-O, incluso presumen de ello en la sala del Supremo donde están siendo juzgados. Su responsabilidad política en la intentona es incuestionable, aunque las consecuencias penales no se conocerán hasta que finalice la vista y la corte dicte sentencia.
Aciertan los partidos de la oposición al denunciar esta vejación a la sede de la soberanía nacional por parte de sus enemigos declarados. Así, Pablo Casado ha exigido que se tomen "cuantas medidas sean necesarias para que los cinco procesados sean inmediatamente suspendidos como parlamentarios, en aplicación del art. 21 del reglamento de la Cámara y del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Por su parte, Albert Rivera cree que sería una vergüenza que esta legislatura empezara con gente así cobrando un sueldo de los españoles.
Urge, en efecto, reclamar la aplicación taxativa de las normas que impiden la presencia en la vida pública de personajes procesados por los delitos más graves, como es el caso de los cinco indeseables que este lunes acudieron al Parlamento a afrentar a los españoles.
No es un tema menor. Muy por el contrario, la suspensión de la condición de parlamentarios a los golpistas es imprescindible por respeto tanto a la Justicia como a España y sus instituciones.