El rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra es uno de los escándalos más graves del sanchismo, no solo por la cuantía del dinero público invertido, sino por la relevancia política de los actores implicados y la manera tan turbia como se gestionó. En la cúspide de la operación aparece la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el holding empresarial público que los socialistas han utilizado para sus enjuagues financieros.
En plena pandemia del coronavirus, el Gobierno socialcomunista aprobó el rescate de Plus Ultra, una aerolínea prácticamente desconocida que, sin embargo, se embolsó más de 50 millones de euros provocando todo tipo de sospechas incluso en el seno del propio Consejo de Ministros. Hablamos de una compañía aérea con un peso irrelevante en el sector y que llevaba en números rojos desde su creación, dos circunstancias que hacían inexplicable el tesón del Gobierno por mantenerla a flote con cargo a los presupuestos del Estado. Fue más tarde, cuando se conoció la identidad de los implicados en la operación, cuando comenzaron a cuadrar todas las piezas de un puzle que reúne todos los elementos de la corrupción política.
El personaje más relevante en este asunto es, sin duda, José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente se convirtió en el impulsor del rescate de la compañía aérea venezolana, cuyos propietarios mantenían estrechas relaciones con el chavismo. Zapatero, amigo íntimo de uno de los detenidos e imputados en esta causa, Julito Martínez, cobró de una empresa ad hoc la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. Pero lo más escandaloso de todo este asunto es la autorización de la SEPI para que los accionistas de Plus Ultra abandonaran la compañía quedando de esta forma liberados de devolver el préstamo concedido en su día, una decisión inaudita que los directivos de la SEPI y los ministros implicados trataron de ocultar hasta el último momento.
La propia presidenta de la entidad echó balones fuera en su comparecencia ante el Senado negándose a facilitar los datos de los accionistas de la aerolínea, a los que se les había facilitado la salida del accionariado dejando tras de sí una importante deuda con el Estado. Esta autorización de la SEPI, además, se produjo en plena investigación de los dueños de la aerolínea por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y solo unos días antes de que fueran detenidos la cúpula de la compañía y el amigo de Zapatero, con quien el expresidente socialista se había reunido unos días antes en circunstancias harto peculiares.
El extraordinario cronograma elaborado por La Radioteca de Dieter Brandau no puede ser más elcouente: todos los indicios apuntan a un trato de favor a una empresa desconocida, que recibió decenas de millones de euros del presupuesto español gracias a las conexiones políticas con el Gobierno socialista, con Zapatero como nexo entre unos y otros a cambio de importantes emolumentos. Llegados a este punto cabe preguntarse qué más tiene que suceder para que el expresidente socialista sea imputado en esta causa. De hecho podría ya estar imputado de facto, una circunstancia que solo conoceremos cuando el órgano instructor levante el secreto del sumario.