Si nuestro balance del primer año de legislatura popular llevaba por título un elocuente, pero a la postre esperanzado, "todo por hacer", la persistente renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de llevar a cabo una política acorde al ideario que abanderaba su partido, nos lleva ahora a un más pesimista "nada que esperar". Y este pesimismo no se debe tanto al hecho de que todas las grandes reformas prometidas que todavía no habían sido ejecutadas hace un año sigan sin estarlo al cruzar el ecuador de la legislatura, sino al hecho de que muchas ni siquiera ya son reivindicadas y de que su traición ha sido justificada por el Gobierno de Rajoy.
Hace un año tenía sentido reprochar al gobierno de Rajoy la tardanza en cumplir la promesa de Gallardón de restablecer mínimamente la independencia del Poder Judicial; Pero ¿tiene sentido seguir esperándola ahora, un día después del obsceno reparto de cromos que ha constituido la designación política de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial?
Hace un año tenía sentido reprochar al Gobierno de Rajoy que, un año después de prometernos una auténtica reforma de nuestro modelo autonómico, sólo nos ofreciera la creación de una comisión de expertos destinada al estudio de la supresión de duplicidades; pero ¿tiene de verdad sentido esperar todavía algo de esa promesa y de esa comisión de expertos tras ver que la única reacción de Rajoy al caro e ilegal desafío secesionista de la administración autonómica catalana ha sido la de ofrecerle mayor auxilio financiero?
¿Cabe todavía esperar una auténtica reforma energética cuando el gobierno de Rajoy ya ni siquiera habla de su necesidad? ¿Cabe esperar un cambio en la política hídrica después de ver a un Arias Cañete conceder créditos a insostenibles desaladoras y no atreverse ya siquiera a mentar la palabra "trasvase"? ¿Resulta a estas alturas lógico esperar que este gobierno emprenda una política de auténtica austeridad pública cuando Rajoy dice que ya la ha llevado a cabo y ha dado oficialmente por concluida la política de ajustes en su anteproyecto de ley de presupuestos de 2014?
¿Cabe esperar de este gobierno que someta a una auténtica cura de adelgazamiento a nuestro sobredimensionado sector público desde que Rajoy ha hecho oficialmente suyo el diagnostico socialista de que el desequilibrio de nuestras cuentas públicas "no se debe a un exceso de gasto sino a una falta de ingresos"?
¿Tiene sentido silenciar y camuflar el rescate que ha supuesto el auxilio del BCE a nuestra deuda soberana para atribuir a Rajoy el hecho de que nuestra prima de riesgo no esté peor que en tiempos de Zapatero por mucho que sí lo esté nuestro nivel de endeudamiento?
¿Tiene sentido esperar una auténtica reforma en nuestro sistema bancario cuando la solución al problema se encuentra en echar mano del dinero del contribuyente?
¿Vamos a dejar de denunciar el retraso y la debilidad de una recuperación económica todavía mínimamente perceptible del sector privado con tal de hacer un balance positivo de la gestión económica de este gobierno?
¿Todavía cabe esperar que este gobierno sea un obstáculo a los compromisos políticos y penitenciarios adquiridos por Zapatero ante la ETA, cuando ya nada dice de la presencia de los proetarras en las instituciones y califica de "derrota" de la banda las excarcelaciones masivas de etarras por el hecho de que también las estén disfrutando violadores y demás criminales en serie?
¿Cómo esperar, en definitiva, algún cambio en este gobierno que de forma tan reiterada ha apelado a la "herencia recibida" como excusa para traicionarse a sí mismo y emular al que se la dejó?
No faltarán, para concluir, quienes consideren que más que un balance de lo que llevamos de legislatura, nuestro editorial se ha convertido en un negro pronóstico de lo que queda de ella. En cierto sentido, así es. Y es que no seríamos fieles a lo que para nosotros ha supuesto estos dos años de gobierno de Rajoy si albergáramos la esperanza de un significativo propósito de enmienda.