Pocos políticos como Pedro Sánchez son exponentes tan claros de esa frase atribuida al genial humorista Groucho Marx: "Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros". Y es que el mismo candidato socialista a la presidencia del Gobierno que en su día firmó un acuerdo de gobierno bastante aceptable con Ciudadanos; el mismo que, durante la pasada campaña electoral, se enfundó en la bandera de España, abrazó el lema "Ahora Gobierno, ahora España" y mostró su disposición a aplicar el artículo 155 en Cataluña aun cuando su Ejecutivo estuviera en funciones; el mismo que presentó como suya la orden judicial para extraditar a Puigdemont y se comprometió a introducir una reforma en el Código Penal para tipificar como delito específico la convocatoria ilegal de referéndums; ese mismo personaje, en fin, está ahora en la cesión ante los golpistas de ERC, cuya abstención es imprescindible para la conformación de aquello que el propio Sánchez denigró hace sólo unos meses como el "Gobierno del insomnio".
Si la semana pasada Sánchez cerraba los ojos ante la nueva y gravísima resolución ilegal que los golpistas aprobaron en el Parlamento regional para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, reprobar a la Monarquía y defender el mal llamado derecho de autodeterminación, en la presente los socialistas han asumido algunas tesis de los separatistas en el siempre importante ámbito del lenguaje. Así, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha pedido este miércoles que no niegue la existencia de un "conflicto político" en Cataluña y se ha comprometido a buscar "un cauce de expresión para que no sea necesario que nadie tenga que recurrir a vulnerar el ordenamiento jurídico".
Ya resulta bochornoso que los socialistas, por intentar contentar a los nacionalistas, hayan adoptado el invento antihistórico, inconstitucional y lógicamente contradictorio de considerar a España una nación de naciones. Pero los llamamientos que hacen para "no judicializar la política" y dar una "solución política" a lo que Alfonso Guerra llamó con acierto "un golpe de Estado a cámara lenta" son una forma de legitimar y dar la razón a un movimiento sedicioso contra el que el Gobierno debería ir con todas las herramientas a su disposición, en defensa de la democracia y del Estado de Derecho.
Quien judicializa la política es quien se empecina en imponerse mediante la violación de la ley. La Constitución ya procura un "cauce de expresión" a todas las formaciones políticas, así como cauces para su propia reforma. Lo que ninguna ley ni ninguna Constitución pueden hacer es permitir que quien delinque quede impune por el hecho de que sus delitos emanen de una aspiración política. Y cualquier reforma de la ley que propongan los separatistas ha de someterse a los mismos procedimientos de reforma constitucional que presentara cualquier otro actor político, para, por ejemplo, erradicar las autonomías, transitar hacia un Estado federal o eliminar las diputaciones provinciales. El hecho diferencial de los separatistas es que violan la ley y son unos golpistas.
Sea como fuere, una cosa es el nauseabundo blanqueamiento que el Gobierno socialista hace de los golpistas y otra muy distinta es que ERC –"la otra izquierda histórica", dicen desde el PSOE son la menor vergüenza– no vaya a exprimir hasta el último momento al despreciable Sánchez, que ha demostrado ser capaz de todo con tal de seguir en la poltrona.