El Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin concretar las verdaderas medidas de ajuste que necesita imperiosamente nuestra economía, que no pueden circunscribirse solamente al aumento de los ingresos fiscales a través de la subida de impuestos decretada la semana anterior.
La lucha contra el fraude fiscal anunciada en este segundo Consejo de Ministros es una obligación de todo Gobierno para evitar el delito, pero en la situación actual esa medida es claramente insuficiente, si de lo que se trata es de equilibrar las cuentas públicas y reactivar la economía. Si tal decisión va de la mano de una reforma impositiva al alza respecto a determinados productos de ahorro, hasta ahora tratados con benevolencia, se corre el riesgo añadido de que se produzca una fuga capitales a otros países, algo sobre lo que el equipo económico de Rajoy debería reflexionar seriamente antes de poner en marcha determinadas decisiones, por muy bien que puedan sonar a determinados medios de comunicación.
Junto a este plan de vigilancia contra el fraude, el Gobierno ha anunciado el inicio de una serie de consultas destinadas a redimensionar el sector público. La contundencia con que se ha abordado la subida de impuestos no ha sido utilizada, en cambio, para cortar de raíz el extraordinariamente frondoso entramado empresarial creado por todas las Administraciones, en especial las autonómicas, lo que nuevamente supone una decepción para los ciudadanos que esperaban de este segundo Consejo de Ministros, después del inesperado hachazo fiscal, medidas mucho más directas para reducir el asfixiante gasto público.
Las medidas para salir de la crisis económica no pueden centrarse solamente en la mejora de los ingresos estatales a través del fisco. Mucho más importante que este incremento puntual de la recaudación es la puesta en marcha de un proceso acelerado de adelgazamiento del sector público, principal responsable de la asfixia de nuestra economía, tal y como el PP sostenía, con acierto, a lo largo de la campaña electoral. El margen de maniobra en este capítulo es lo suficientemente amplio como para exigir mayor diligencia al presidente del Gobierno. Un presidente Rajoy que, incomprensiblemente, ha decidido no pronunciarse sobre este asunto, ni probablemente sobre ningún otro, hasta el próximo mes de febrero.
La proximidad de las elecciones andaluzas, donde el PP puede alcanzar el poder por primera vez, no debe servir de justificación para seguir dilatando la adopción de las fuertes medidas de ajuste de nuestro disparatado sector público. Por si alguien lo ha olvidado, Mariano Rajoy fue elegido para solucionar los problemas de España. No los de la carrera electoral de su compañero Javier Arenas.