El Gobierno sigue poniendo parches a un sistema eléctrico que hace aguas desde hace años. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un nuevo real decreto de medidas urgentes con el objetivo de aminorar los excesivos costes energéticos y, por tanto, evitar un incremento mayor de la factura de la luz para empresas y particulares. En esta ocasión, el Ministerio de Industria opta, con acierto, por aplicar un recorte adicional a la retribución de las actividades reguladas y, especialmente, a las primas renovables, las auténticas culpables del insostenible descuadre que sufre el modelo energético español, para ahorrar entre 600 y 800 millones de euros al año.
En concreto, la norma modifica el régimen de actualización de las primas renovables. Dicha revalorización se realizaba tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC), pero ahora se hará en base al IPC subyacente –descontando productos energéticos y alimentos frescos– y a precios constantes –excluyendo también la subida de impuestos indirectos–. De este modo, la revalorización será inferior a la inflación anual, lo cual se traducirá en un recorte de las primas.
Asimismo, Industria establece un único modelo de retribución para este tipo de instalaciones. Los productores del régimen especial podían elegir en todo momento entre percibir una tarifa regulada fija o bien el precio de mercado más una prima, según les conviniera: se acogían a la segunda opción cuando el precio de mercado estaba alto y a la primera cuando estaba bajo, presionando al alza el precio de la luz. Sin embargo, el real decreto obliga a elegir, de forma permanente, entre la tarifa regulada o cobrar los precios que fije el mercado, pero sin prima, lo cual también se traducirá en un recorte de la retribución.
Con estas nuevas medidas, el Gobierno pretende recortar el abultado déficit de tarifa que sigue registrando el sistema, como consecuencia de que los ingresos no alcanzan para cubrir los costes de producir electricidad en España. Este desfase superaba ya los 4.000 millones de euros hasta el pasado noviembre, un 14% superior al del mismo período de 2011 y más del doble del tope de 1.500 millones que establecía inicialmente la ley. La razón de este monumental descuadre radica en el desorbitado e innecesario fomento de las energías renovables llevado a cabo durante la pasada década mediante la concesión de generosas subvenciones públicas. Sin ir más lejos, Industria estimaba que las primas al régimen especial ascenderían a unos 9.200 millones de euros este año, casi un 9% más que en 2012, antes de aprobar estos nuevos recortes.
Aunque las medidas que contiene el real decreto están bien encaminadas, ya que inciden en reducir la retribución de las renovables, no ataca la raíz del problema. El Gobierno debería acometer una reforma en profundidad del sistema para eliminar todo atisbo de subvenciones públicas y primas a todo tipo de energías, y liberalizar por completo el sector –uno de los más intervenidos por el Estado, junto al financiero–, para que sean los consumidores, y no los políticos, los que decidan qué tipo de energía producir y a qué precio. Todo lo que se aparte de estos dos objetivos no serán más que nuevos parches inútiles, incapaces de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. España es uno de los países de la UE en los que más se ha encarecido el precio de la energía en los últimos años, tras duplicarse en la última década, y todo ello por obra u gracia del intervencionismo público. Es fundamental liberalizar el sector y acabar con las primas renovables para configurar un sistema eficiente, con costes asumibles, que ayuden a impulsar la competitividad de la economía española.