Con siete años de retraso, la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes a juzgar el caso del chivatazo a ETA, un soplo a la banda terrorista que impidió desarticular su estructura de extorsión, cuyo epicentro era el bar Faisán de Irún.
A pesar de las evidencias que apuntan a una decisión política en el aviso a la banda terrorista del golpe que estaba a punto de recibir por parte de las fuerzas de seguridad españolas y francesas, en el banquillo de los acusados sólo se sientan hoy dos policías, Enrique Pamiés, entonces jefe superior de la Policía en el País Vasco, y José María Ballesteros, inspector de la Brigada de Información con destino en Álava. Sobre ellos se pretende hacer recaer toda la responsabilidad de una acción que, en buena lógica, no pudieron llevar a cabo sin contar con la orden de sus superiores en el departamento del Interior: en aquella época Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, y Alfredo Pérez Rubalcaba, como titular del Ministerio.
Ni siquiera el entonces director general de la Policía, el dirigente del PSOE de Álava Víctor García Hidalgo, va a rendir cuentas a la Justicia, a pesar de las numerosas pruebas y testimonios que lo sitúan en el papel de correa de transmisión de las órdenes del Gobierno en este gravísimo asunto. La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, en uno de los episodios más siniestros que se recuerdan, solicitó en 2009 que se archivasen las diligencias judiciales y se exculpara a García Hidalgo, petición que fue aceptada por la Sala de lo Penal dos años más tarde con la revocación del auto de procesamiento dictado en su día por el juez Pablo Ruz, en el que se le acusaba de colaboración con banda armada. Tan sólo la personación del Partido Popular y la asociación Dignidad y Justicia como acusación popular impidieron en último término que se diera carpetazo final a un caso en el que se dirime nada menos que la colaboración del Gobierno de España con una banda terrorista.
Cuando transcurrieron los hechos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba ya inmerso en la negociación política con los etarras, y precisamente el mismo día en que se produjo el chivatazo el entonces presidente recibía al líder del PNV, Josu Jon Imaz, en La Moncloa. La propia ETA dejó constancia escrita de lo acontecido en el bar Faisán en un documento incautado por la Policía francesa en 2008, en el que se acredita que el chivatazo fue una decisión política y que desde el Gobierno se decidió evitar las detenciones de los implicados. Por su parte, el comisario Carlos Germán, encargado de investigar el chivatazo, dejó también claro ayer en el juicio su convencimiento fundado de la existencia de una decisión política, cuyo principal fin era evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre, encargado de recoger los fondos de las extorsiones y entregarlos a la banda terrorista.
Para la Justicia, las evidencias abrumadoras que apuntan a un origen político en el chivatazo a los terroristas y el más elemental sentido común no son suficientes para incoar un procedimiento mucho más amplio al objeto de llegar al fondo de este asunto, el más grave de la historia de lucha antiterrorista desde el GAL de Felipe González. A falta de lo que diga finalmente la sentencia, está claro que, como con el 11-M, la versión oficial sólo alcanzará para condenar, en su caso y por delitos menores, a dos agentes que, por el momento, parecen encantados de desempeñar el papel de cabezas de turco que los verdaderos responsables de colaborar con la banda terrorista les han asignado.