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EDITORIAL

Intervenir la Generalidad

El 'procés' hunde sus raíces en la independencia 'de facto' que los gobiernos centrales brindaron a los nacionalistas en materia lingüística.

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Llevaría más de un editorial comentar las numerosas sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han venido reiterando, a lo largo de los años y desde finales del pasado siglo, la ilegalidad de la inmersión lingüística que hoy se sigue perpetrando en Cataluña. En este sentido, el caso omiso que la actual Administración autonómica catalana ha brindado a la enésima sentencia del Supremo, que esta semana volvía a reiterar la ilegalidad de esa inmersión, no es mayor que la clamorosa desobediencia que la Generalidad, en tiempos de José Montilla y Artur Mas, por no retroceder más en el tiempo, brindó no a una sino a tres sentencias de ese mismo tribunal que exigían que el castellano –lengua materna de más de la mitad de los catalanes– "no sea excluido como lengua vehicular de la enseñanza".

Ni que decir tiene tampoco que la condescendencia del Gobierno de Pedro Sánchez ante el nuevo desacato de los mandatarios a esta sentencia del Tribunal Supremo no es mayor que la que le brindaron a los nacionalistas sus antecesores en el cargo, tanto socialistas como populares.

Lo que por esta razón sí es nuevo –y constituye una auténtica y espléndida noticia– es el cambio de actitud de PP y Ciudadanos, formaciones que, hasta la fecha, no sólo eran contrarias a intervenir la Generalidad por su reiterada desobediencia de la Constitución y las sentencias en materia lingüística sino que incluso fueron renuentes a la aplicación del artículo 155 de la Constitución como forma de evitar que la propia Generalidad consumara su amenaza de perpetrar una consulta secesionista el 9 de noviembre de 2014 otra el 1 de octubre de 2017, en no menos clamorosa desobediencia a multitud de pronunciamientos de los tribunales.

Así las cosas, y como rectificar es de sabios, bienvenida sea la decisión de PP y Ciudadanos de exigir, junto a Vox, la intervención de la Generalidad si mantiene su desafiante desacato. Aunque esta medida esté también justificada por muchas otras razones, como las que guardan relación con proceso de secesión iniciado en 2012, y por mucho que tampoco la aplicación del artículo 155 deba excluir otras medidas complementarias en el ámbito judicial, como la de instar el procesamiento de los capitostes regionales por desobediencia, no se puede ni se debe permitir que sigan ostentando cargos públicos quienes de forma tan clamorosa han desobedecido y se comprometen a seguir desobedeciendo la Constitución y las sentencias judiciales.

Téngase en cuenta que el proceso secesionista, lanzado oficialmente en 2012, hunde sus raíces en la independencia de facto que los Gobiernos centrales brindaron a los nacionalistas en materia lingüística. Aunque ningún cambio en ello quepa esperar bajo el mandato de Pedro Sánchez, bueno es que todos los partidos constitucionalistas ubicados a su derecha se comprometan a poner fin a la abominable inmersión lingüística.

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