La tarea en la que debería volcarse el Gobierno es la de hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Con todo, si también quiere dedicar tiempo a revisar la historia reciente, más le valdría fijar la atención en los centenares de asesinatos de ETA que aún no se han esclarecido, y ya de paso analizar la formidable anormalidad de que un partido con representación parlamentaria como Bildu no condena esos execrables crímenes perpetrados por la banda terrorista nacionalista vasca.
Pero no: Pedro Sánchez no va a echar la vista atrás para desairar a sus aliados proetarras, sino más bien para contentarlos. Ahí está su ominoso silencio ante el hecho de que los socialistas navarros se hayan sumado a los proetarras y a las demás fuerzas separatistas del Viejo Reyno para sacar del Parlamento foral el retrato del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I; o la promesa que ha hecho a los crecidos portavoces de Bildu de retirar próximamente las condecoraciones concedidas a autoridades o funcionarios del aparato franquista. Esta última propuesta del Gobierno social-comunista ha contado con el visto bueno de Ciudadanos, lo que abunda en la desorientación y las ganas que tiene la formación de Inés Arrimadas de ofrecerse como tonto útil a un PSOE que no ha dado la menor muestra de estar dispuesto a romper con los comunistas y con los separatistas.
Por otra parte, ni que decir tiene que este sectario revisionismo histórico no tiene el menor interés en revisar los honores y distinciones que durante la Transición recibieron personajes como Dolores Ibárruri, alias La Pasionaria, estalinista fanática con un historial execrable a sus espaldas, o Santiago Carrillo, máximo responsable de las escalofriantes matanzas de Paracuellos.
La campaña contra Don Juan Carlos no va tanto dirigida contra él, que ya no ostenta la Jefatura del Estado, sino contra la Corona, institución que simboliza la unidad de la Nación y con la que quieren acabar todos los partidos que auparon a Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Si a todo lo anterior se añade que la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien por su cargo se supone que es el Notario Mayor del Reino, y garante del cumplimiento de la Constitución, trató de contentar a los golpistas de ERC afirmando que "estamos en una crisis constituyente que tenemos que abordar entre todos", bien se podría afirmar que Sánchez, más que preocupado en atajar la crisis económica y sanitaria, parece estar dispuesto a utilizarla para arrastrar a España a una crisis constitucional, y que en su desaforado oportunismo lo mismo le da gobernar sobre los cimientos de la Constitución que sobre sus escombros.