La hinchada de Baltasar Garzón volvió a subir este domingo el tono de sus invectivas contra el Tribunal Supremo, ante el que responde en estos días el mesiánico juez en tres causas abiertas por delitos tan graves como el de prevaricación, cohecho o interceptación ilegal de comunicaciones. Las calles del centro de Madrid escucharon, una vez más, gritos contra los magistrados proferidos por los abajofirmantes habituales de todas las causas guerracivilistas de la izquierda española, la más sectaria y rencorosa de Europa. Significativa volvió a resultar la presencia de dirigentes del PSOE entre los barras bravas del juez más justicialista. En esta ocasión, se unieron al coro difamatorio la ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y el concejal de Madrid Pedro Zerolo, un clásico del populismo carpetovetónico. Ambos son miembros del Comité Ejecutivo Federal del PSOE y ambos participaron de una ceremonia de descalificaciones e insidias al Tribunal Supremo, inaceptable en un país que aprecie sus instituciones.
La palabra más usada por Pilar Bardem, Lola Herrera, Juan Diego Botto, Luis García Montero, Cándido Méndez, Gaspar Llamazares, Cayo Lara, Ignacio Fernández Toxo y demás cómicos de la legua fue "linchamiento", para definir el itinerario de juicios que está siguiendo Garzón, ese justiciero que iba a ayudarles a ganar la última guerra civil española, setenta años después de haberla perdido y 35 años después de morirse Franco.
Linchamiento: creen los linchadores que todos son de su condición.
La impunidad con la que califican de "linchamiento" unos juicios con todas las garantías del Estado de Derecho es uno más de los intocables privilegios de los que gozan las voces broncas y las venas hinchadas de la secta izquierdista. Nadie más puede decir de un Tribunal cosas como las que se han escuchado aquí sobre los magistrados del Supremo que están juzgando al señor Garzón en tres causa distintas, todas instruidas de manera ejemplar, con un celo por los derechos del señor Garzón que ya querrían para sí muchos justiciables de los sumarios por él instruidos a lo largo de una carrera llena de abusos. Solo a ciertos privilegiados les está permitido llamar "fascistas" a los miembros de un Tribunal, como hizo el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo en un acto de desagravio al juez Garzón celebrado en 2010 en el Aula Magna de la Universidad Complutense de Madrid, con la hospitalidad fervorosa del entonces rector, el señor Carlos Berzosa.
Habrá que insistir, una vez más, en que el señor Garzón no se sienta en el banquillo por una conspiración del sedicente fascismo infiltrado en el Tribunal Supremo, sino porque hay indicios de que abusó de su autoridad. Indicios de que prevaricó al investigar con actitud parcial y sectaria los crímenes de un bando de la guerra, pero no los del otro; al intentar juzgar a Queipo de Llano y a Franco, que están muertos, pero no al señor Carrillo, que ahí sigue, tan campante, dando lecciones de ética y de historia; al perseguir con criterio selectivo una violencia que los españoles decidimos superar en la Transición y quedó definitivamente prescrita por la Ley de Amnistía de 1977. O indicios, también, de que pudo usar su poder para obtener financiación para sus conferencias y cursos en Nueva York por parte de banqueros y empresarios investigados por él mismo desde su puesto de juez de instrucción de la Audiencia Nacional. O indicios (por no llamarlos evidencias clamorosas) de que espío ilegalmente las conversaciones entre el cabecilla de la trama Gürtel y su abogado. Estas, y no otras, son las razones por las que el señor Garzón se sienta hoy en el banquillo de un Tribunal guiado por el principio de legalidad al servicio del Estado de Derecho.
El único linchamiento acreditado son las descalificaciones de los magistrados del Tribunal Supremo. Algunos medios de comunicación extranjeros observan los hechos desde el punto de vista de la troupe cómica y periodística de apoyo a Garzón, que volvió a echarse a la calle con el manual de agitprop abierto por la lección de falsificación de los hechos, la única que conoce y practica la izquierda española desde hace un siglo. La presencia de, al menos, dos dirigentes del PSOE en la última andanada contra las instituciones, ¿forma parte del cambio dentro del socialismo que prometen el señor Rubalcaba y la señora Chacón? Y el Consejo General del Poder Judicial, ¿a qué espera para actuar en defensa de los magistrados del Supremo y preservar la imagen del Estado de Derecho que los barreneros del viejo y nuevo Frente Popular han vuelto a socavar?