Nicolás Maduro ha cumplido su amenaza y entregado a los titulares de las carteras de Alimentación, Trabajo, Despacho de la Presidencia, Empresas Básicas y Finanzas los nombres de los altos cargos que con su firma avalaron la primera fase del referéndum revocatorio, un procedimiento establecido en la propia Constitución venezolana que en teoría permite desalojar del poder al presidente de la república.
Se trata de la oficialización de una purga, de un nuevo atropello del descalificable Nicolás Maduro que llega justo cuando el Consejo Nacional Electoral ha aceptado que la oposición avanza en su esfuerzo por convocar el revocatorio y cuando todas las encuestas dan por descontado que la oposición se impondría en unas elecciones, ante el absoluto desastre que caracteriza su liberticida y empobrecedora gestión.
No es la primera vez que el régimen chavista hace gala de este sentido patrimonial del Estado y carga contra los empleados públicos desafectos, tal y como ya hiciera Chávez con la infame Lista Tascón. Y aun más grave resulta el hecho de que utilice la Administración de Justicia para poder encarcelar a opositores como Leopoldo López.
Como bien señalaba Felipe González ante la reciente ratificación de la condena a López, Maduro y su Gobierno "quieren aparentar ante la comunidad internacional que la oposición no quiere dialogar"; "la oposición no puede dialogar con presos políticos en las cárceles ni con un boicot permanente al revocatorio, y, a mi juicio, no debe", añadía el expresidente del Gobierno.
Confiemos, en cualquier caso, en que estos encarcelamientos y represalias contra los funcionarios no amedrenten al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la libertad y la prosperidad.