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EDITORIAL

Mejor sería el cese de las televisiones públicas

La falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier ente público. La presidencia de Oliart no ha sido una excepción, ni su salida será la solución.

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El presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha anunciado su "irrevocable" decisión de dimitir alegando razones "estrictamente personales" y, más concretamente, de "salud". Teniendo en cuenta que Oliart tiene ochenta y tres años, y que hace más de un mes ya comunicó a altos cargos del PSOE y del PP su deseo de dejar el cargo debido al cansancio "suyo y de su mujer", no vamos a negar la verosimilitud de estas supuestas razones. Sin embargo, no deja de ser un hecho cierto que el cese de Oliart se produce poco después de haberse conocido que la RTVE acaba de adjudicar a la empresa dirigida por su hijo, Pablo Oliart, el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa La mañana de La 1.

Fuentes de la RTVE aseguran al respecto que se convocó "un proceso de licitación al que se invitó a las seis empresas del sector que ofrecen este tipo de servicios", y que el contrato se concedió finalmente a TBS debido a que era "la oferta más barata". Sin embargo, fuentes de dos empresas de referencia en la prestación de servicios audiovisuales en España, como Atlas y Hurí, aseguran que no recibieron invitación alguna, mientras que no faltan quienes aseguran que la oferta de Overon era superior desde el punto de vista de los requisitos técnicos.

Ya habrá tiempo de esclarecerlo, pero, sea como fuere, lo cierto es que la opacidad en las contratas y en la gestión de las televisiones públicas es tan grande que resulta difícil tanto ser honrado como parecerlo. Si la falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del dinero del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier medio de comunicación público, la presidencia de Oliart no ha sido una excepción. Pero precisamente por ello la solución no está en el cese de un determinado dirigente, sino en la privatización o cierre de todas las radios y televisiones públicas. Resulta inmoral que se comprometa el dinero del forzado contribuyente para financiar unos servicios que ya procuran al público las cadenas privadas. Más aun cuando se utilizan de manera sectaria y al servicio propagandístico del Gobierno de turno, lógica consecuencia de la designación política de sus gestores.


 

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