Cristóbal Montoro ha sido la cara visible del Gobierno en su devastadora política fiscal, diametralmente opuesta a lo que el PP había anunciado en la campaña de las generales y a lo que había aplicado en la era Aznar.
Cristóbal Montoro ha sido el encargado de esquilmar a las familias y empresas españolas con el fin de preservar el despilfarro en organismos e instituciones inútiles, que albergan a decenas de miles de paniaguados de los principales partidos. Otro político habría llevado a cabo esta traición a sus votantes con discreción y mala conciencia. En el caso de Montoro no sólo no ha habido la menor contrición, sino que, a tenor de sus intervenciones públicas, el ministro ha disfrutado mientras cumplía los deseos del presidente del Gobierno.
Cristóbal Montoro ha fanfarroneado en el Congreso a cuenta de la información fiscal de los contribuyentes, a la que tiene acceso en razón de su cargo. Ha amenazado a determinados personajes y sectores económicos con lanzar contra ellos todo el peso coactivo de la Agencia Tributaria, mientras avalaba la vergonzosa inacción de este mismo organismo en los casos más sonados de corrupción, como el protagonizado por Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina.
Pues bien, gracias al juego sucio que los dirigentes de Génova emplean entre sí para ganar cuotas de poder, y que incluye la filtración de todo tipo de informaciones e insidias a los medios de comunicación que se prestan a ello, se ha sabido que la firma de abogados fundada por Montoro va a ser investigada por la Fiscalía a causa de un presunto trato de favor en la adjudicación de un contrato por parte del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Las investigaciones del Ministerio Público y las comparecencias parlamentarias solicitadas por UPyD determinarán el grado de implicación del ministro en este feo asunto, pero pocas dudas pueden existir a estas alturas de que Montoro es uno de los peores titulares de Hacienda que ha sufrido España. Desde luego, en el Partido Popular ningún otro ha causado tanto daño a la economía productiva, y sólo Pedro Solbes, el ministro socialista que arruinó a España en dos ocasiones, lo supera en capacidad destructiva.
Por si fuera poco, ahora pesan sobre Montoro sólidas sospechas de que, mientras perseguía a contribuyentes que intentaban cumplir con sus obligaciones, el bufete que fundó se podría haber convertido en un chiringuito especializado en el tráfico de influencias. Otro motivo más para una destitución que debería haberse producido la primera vez que este personaje se extralimitó en sus funciones.