El Gobierno de Mariano Rajoy insiste en mantener la errónea política fiscal que ha practicado desde su llegada al poder, a pesar de no lograr con ella los resultados esperados. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una nueva subida de impuestos, y no pequeña, para tratar de incrementar la recaudación a costa de quitar aún más recursos al sector privado, el único capaz de generar riqueza y, por tanto, empleo. En concreto, el Ministerio de Hacienda ha optado por asestar un tremendo golpe tributario a las grandes empresas mediante la eliminación de ciertas deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, a fin de recaudar 3.650 millones de euros extra al año. Asimismo, ha subido, una vez más, los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, para ingresar otros 700 millones adicionales, y ha creado una nueva tasa medioambiental (340 millones). No contento con eso, Montoro ha prorrogado la subida "temporal" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para engordar las arcas públicas en otros 700 millones anuales. En total, el Gobierno prevé aumentar la recaudación en unos 5.400 millones al año.
Todas estas medidas se encuadran en la estrategia que está siguiendo el PP para mantener a toda costa el insostenible tamaño de la estructura estatal, a base de disparar la fiscalidad sobre familias y empresas, lo cual se traducirá en un menor crecimiento potencial de la economía y en un infructuoso intento para reducir de forma sustancial el abultado déficit público. El problema de fondo no consiste en que los populares hayan traicionado por completo a sus electores, incumpliendo uno de los principales puntos de su programa electoral, donde se comprometían a bajar impuestos, sino que esta política está destinada a cosechar un rotundo fracaso. Tras cerca de 30 subidas fiscales a lo largo de 2012, junto a los incontables incrementos impositivos de comunidades autónomas y ayuntamientos, lo único que consiguió el Gobierno fue reducir ligeramente la brecha fiscal en dos puntos del PIB, sin contar las ayudas bancarias. Como resultado, y tras un lustro de crisis, España sigue contando con un déficit del 7% del PIB, uno de los más elevados del mundo desarrollado, y un volumen de deuda pública que no deja de crecer, hasta rozar el 90% del PIB. Así pues, la supuesta austeridad en el sector público sigue siendo un mito.
Y lo grave es que el Gobierno ha optado por rendirse, ya que no pretende aprobar nuevos recortes de gasto ni acometer una profunda reestructuración del tamaño estatal y, especialmente, autonómico. De hecho, acaba de elevar el techo de gasto público para 2014. Así pues, tan sólo se conforma con seguir subiendo impuestos para seguir manteniendo en pie un barco que hace aguas, hasta el punto de que ya se habría hundido hace tiempo sin el respaldo explícito del Banco Central Europeo. Lo peor, si cabe, es que esta política empobrece a la sociedad, merma la capacidad del sector privado para impulsar el crecimiento y ahuyenta la inversión foránea. España necesita justo lo contrario, un sistema fiscal con impuestos bajos y muy sencillos para incentivar el desarrollo económico y la creación de nueva empresas, al tiempo que reduce de forma drástica el ingente tamaño de las Administraciones Públicas para garantizar su sostenibilidad. La receta de Montoro es equivocada y muy contraproducente.