El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, y a los 52 miembros de la cúpula de la entidad por un presunto delito de administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona había pedido el procesamiento de todos ellos por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas", que los responsables de la Caja, con Serra a la cabeza, se autoasignaron tan sólo unos meses antes de tener que pedir 1.250 millones de euros del FROB para evitar la ruina de la entidad.
Por desgracia, el cuadro de Caixa Catalunya no ha sido una excepción en el panorama financiero español de los últimos años, aunque en términos proporcionales sea uno de los más graves de nuestra historia financiera reciente. Como es público y notorio, otras muchas entidades han tenido que ser intervenidas por el gobierno para salvarlas de la ruina a la que las había abocado una gestión que, en la mayoría de los casos, ha sido más orientada por criterios políticos que profesionales.
Ahora bien, mientras que en los casos en que las acciones judiciales han recaído sobre entidades vinculadas más o menos interesadamente a "la derecha" los principales medios no han escatimado minutos ni espacio para aventar todo tipo de acusaciones y exigir todas las responsabilidades políticas habidas, en asuntos como el que afecta a Narcís Serra, la noticia de su procesamiento por enriquecimiento ilícito a costa de la entidad que presidió hasta arruinarla ha pasado prácticamente desapercibida.
El caso de Miguel Blesa, presidente de Cajamadrid hasta 2009, es paradigmático de cómo actúan la izquierda y sus falanges mediáticas cuando un escándalo salpica al partido rival aunque sea tangencialmente. Ni siquiera las evidencias de la falta de preparación y escrúpulos del juez del caso (suspendido y multado más tarde por el CGPJ a cuenta de su penosa instrucción en este asunto), fue obstáculo para convertir al expresidente de Cajamadrid en el paradigma de todos los problemas de nuestro sistema bancario, a pesar de que había abandonado la entidad cuatro años atrás.
Blesa, por otra parte, no era nadie a nivel orgánico en el Partido Popular más allá de su relación personal con dirigentes destacados. Serra, en cambio, fue nada menos que vicepresidente del gobierno con el PSOE, puesto con el que culminó una trayectoria pública siempre vinculada a su partido, por lo que parece que, a la hora de exigir responsabilidades políticas, su imputación debería adquirir una mayor relevancia.
Mal servicio se hace cuando la crítica a los comportamientos de los personajes públicos se gradúa en función de su color político. Con que dediquen la mitad de esfuerzo que invirtieron en publicitar los presuntos delitos de Blesa a investigar el (igualmente presunto) enriquecimiento ilegal de Serra, esos medios caracterizados por su tendenciosidad rendirán un gran servicio al interés general. En algún caso, por primera vez.