La decisión de crear un registro exclusivo de vascoparlantes por parte del Gobierno foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, va a ser un nuevo motivo de preocupación para todos los ciudadanos de la provincia que no comulgan con las ideas separatistas de la coalición proetarra. Si ya es alarmante que una formación tan cara a ETA disponga de los datos particulares de todos los ciudadanos, aún lo es más su decisión de crear nuevas figuras registrales como este censo, en el que, por eliminación, quedarán señaladas todas aquellas personas que, en uso de sus derechos constitucionales, prefieren comunicarse en la lengua común de todos los españoles.
El uso preferente de las lenguas locales ha sido siempre un elemento que ha permitido a los nacionalistas separar a los buenos ciudadanos, los que se pliegan a sus presiones, de aquellos otros que prefieren ejercer su libertad a la hora de comunicarse, bien con los demás, bien con la propia Administración. La realización de este censo lingüístico no puede resultar inocua, como afirman los bildutarras, por cuanto la utilización de una u otra lengua supone para ellos un elemento suficientemente distintivo para identificar a su grey a la hora de poner en marcha cualquier actuación o medida desde el poder político.
A pesar de la cantilena persistente de los partidos nacionalistas acerca de la pluralidad, lo cierto es que su intención, que cuando pueden llevan a la práctica, es uniformar artificialmente las sociedades que los padecen, empezando por el terreno educativo, tal vez el más sensible por su efecto discriminador en las etapas más tempranas del aprendizaje.
Por todo ello, resulta necesario que las fuerzas políticas presentes en los órganos forales intervengan de forma decidida, como acertadamente ha anunciado ya la representante del PSOE. Pero no sólo se trata de instar a los representantes de Bildu en el Gobierno foral de Guipúzcoa a que expliquen las razones de este plan discriminatorio, sino de evitar sus efectos impidiendo su realización, utilizando todos los mecanismos de nuestro Estado de Derecho.
La presencia del brazo político del terrorismo en las instituciones democráticas tras las concesiones otorgadas por el Gobierno socialista es un hecho. El que se utilice ese poder para discriminar a los ciudadanos en función de asuntos privados como el uso de la lengua no lo es, al menos todavía. He ahí un excelente reto para que los partidos que defienden la Constitución y la libertad se empleen a fondo en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Porque, por más que les moleste a los nacionalistas, los que no comulgan con sus ideas también lo son.