Siempre me sedujo la palabra italiana fuorilegge -que utilizaba con frecuencia mi inolvidable maestro Julio Aníbal Portas- por la ductilidad de sus acepciones. Es eufónica y puede aplicarse al delincuente común, pero también a quien actúa como si la ley no existiera. En Cataluña desfilan por los juzgados presuntos fuorilegge ilustres de la primera categoría y gobiernan provisoriamente los de la segunda, o sea, los que actúan como si la ley no existiera. Saben que existe, porque son gente culta con vasta experiencia política, pero se han juramentado para desconectarse de ella y fabricarse una a su medida… que de paso también satisfará las expectativas de los otros fuorilegge, los presuntos transgresores imputados.
Mariscales del golpismo
La propuesta de declaración que el contubernio Junts pel Sí-CUP presentó en el Parlament sienta las bases para convertir Cataluña en el paraíso de los fuorilegge. Advierte el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós Marín ("El texto y el gesto", LV, 30/10):
La ruptura con la legalidad es clara en la indicación que se hace al futuro gobierno en el punto octavo. Insta al ejecutivo que se forme a "cumplir exclusivamente" las normas y mandatos emanados del propio Parlament. Es decir, debería incumplir toda norma o mandato distinto de los que deriven de la cámara catalana, empezando por la Constitución, desde el Código Penal hasta la normativa europea, pasando por tratados como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El desprecio por la legalidad no es producto de la actual ofensiva secesionista. Viene de lejos: ahora se destapa la trama de corrupción que los caciques de la tribu nacionalista instalaron en las alcantarillas de la Generalitat hace treinta y cinco años para usufructo de su partido y de su patrimonio familiar, pero fue el silencio cómplice de ese Madrid hoy escarnecido por los secesionistas lo que permitió que prosperara el latrocinio desde los tiempos de Banca Catalana. Y la insumisión permanente, desde 1980, contra las sentencias judiciales y contra las normas de convivencia en la sociedad abierta completa el currículum de los fuorilegge trocados en mariscales del golpismo institucional.
Leguleyos burgueses
La novedad consiste en que los golpistas pretenden dictar una ley que, paradójicamente, convierte en hecho consumado la desobediencia a las leyes. ¿Que lo hacen con sólo el 47,8% de los votos emitidos y el 36% del censo electoral? Pues para eso son fuorilegge, para pasarse las leyes por el arco del triunfo. ¿Que también se ciscan en su mitificado Estatut y pretenden imponer su voluntad contando con 72 escaños, cuando el citado Estatut reclama 90, o sea dos tercios, para adoptar medidas excepcionales? Esas son objeciones propias de leguleyos burgueses como Andreu Mas-Colell y otros cinco consellers del gobierno autonómico que, como explica con lujo de detalles M. Dolores García ("Seis hombres sin piedad", LV, 1/11), plantan cara al atribulado jefe del pelotón insurrecto. Albert Rivera propone sagazmente dialogar con ellos y el agitprop no tardará en tildarlos de botiflers lerrouxistas. El preboste Mas ya los ha "reprendido severamente" por haber violado el pacto de la omertà (LV, 4/11).
El modelo en miniatura de lo que podría ser la hipotética República Catalana lo encontramos en la ciudad de Barcelona, sometida a las manías contestatarias de la alcaldéspota Ada Colau y sus acólitos. Colau se estrenó disculpando a los incívicos que se cuelan en el transporte público con el argumento de que "nadie lo hace por capricho o diversión" (Ara, 19/6). A continuación, su lugarteniente Gerardo Pisarello defendió el top manta con el argumento de que "existen ordenanzas que obligan a facilitar los derechos sociales" y acusó a la oposición de ser "clasista y demagógica" (El País, 14/9). Inmediatamente se entablaron negociaciones con un flamante sindicato de manteros, ante el estupor de la Guardia Urbana, cuyos ninguneados miembros se preguntan cuándo aparecerán sindicatos de carteristas y de aluniceros. Los okupas no lo necesitan porque ya tienen acojonada a Barcelona. Para la ideología maniquea de Colau, Pisarello y el bloque descamisado, todos estos colectivos de fuorilegge son víctimas de un sistema de justicia hecho a medida de los privilegios de la sociedad capitalista, donde rige el por ellos aborrecido derecho de propiedad.
El "¡Viva la República Catalana!" que profirió Carme Forcadell en el Parlament que ella preside hace prever que allí se repetirán las patochadas del género fuorilegge que ya nos hemos acostumbrado a presenciar en el Ayuntamiento, donde la alcaldéspota desahoga, saltándose todas las reglas, su aversión contra la dinastía borbónica y sólo contra esta. ¿Por qué mantiene el recuerdo, en el callejero, de "dos monarcas expansionistas y belicosos como Jaume I y Pere IV"?, se pregunta Sergio Vila-Sanjuán (suplemento "Vivir", LV, 31/10). ¿Y el de los depredadores almogávares?, añado yo. El bloque descamisado, a su vez, exhibe impunemente en el recinto una placa robada con el nombre de Juan de Borbón arbitrariamente traducido al catalán y pancartas de solidaridad con terroristas etarras encarcelados. Un festival de los fuorilegge.
Desintegración social
No nos engañemos. El programa secesionista de Junts pel Sí, en solitario, ya implicaba una ruptura flagrante con la legalidad española, europea y de todo el mundo civilizado, como acaba de ratificarlo Ban Ki Mun, secretario general de la ONU (LV, 31/10). Pero ese mismo programa, combinado con los delirios anticapitalistas de la CUP, se convierte no sólo en un motor de cambio hacia la independencia sino en un arma mortífera de desintegración social.
Pruebas al canto. Mientras el indeseable Artur Mas mendigaba personalmente, entre bambalinas, el apoyo de la CUP para su investidura, sus interlocutores interrumpieron las tratativas porque los Mossos d´Esquadra habían detenido en Barcelona y Manresa, siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, a nueve miembros de la organización insurreccional Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Según medios vinculados a la investigación, los GAC, responsables de varios atentados con bombas contra agencias bancarias, habían dado "un salto cualitativo" en su sofisticación a la hora de preparar artefactos explosivos (LV, 29/10).
La CUP dio el portazo a la negociación con Junts pel Sí alegando "la clara intención política de reprimir un movimiento contestatario" y denunció al Govern de Mas en funciones por "haber permitido que los Mossos ejecutaran las órdenes de la Audiencia española". La CUP expresó asimismo que su "preocupación está centrada en la situación de las personas represaliadas" y apostó por "la desobediencia a tribunales españoles represores y herederos del franquismo", añadiendo que en la nueva República Catalana "la represión contra los movimientos populares no tiene cabida". Para terminar, convocó a una manifestación de protesta en el barrio de Gràcia a través de la etiqueta #JoTambeSocAnarquista (El País, 28/10).
Espectáculo obsceno
Sobran las pruebas de que estos ácratas, que no por casualidad tienen su base de operaciones en Cataluña, aunque a menudo llegan de Italia, no son jóvenes idealistas movidos por la sed de justicia. El experto en estos temas Eduardo Martín de Pozuelo se ha ocupado reiteradamente de las campañas de violencia que, partiendo de Barcelona, se expanden por toda España. Así, informó (LV, 14/11/2013) de que habían sido detenidos en la Ciudad Condal cinco anarquistas acusados de atentar con bomba contra la basílica del Pilar, en Zaragoza, el 2 de octubre del 2013. Pertenecían al Comando Anarquista Insurreccional Mateo Morral, que se atribuía otro atentado similar contra la catedral de la Almudena, en Madrid. Y planeaban atentar, a continuación, contra el monasterio de Montserrat. Ya entonces hubo manifestaciones a su favor en el barrio de Gràcia, con la preceptiva quema de contenedores y ataques a bancos.
El espectáculo obsceno que montan los fuorilegge cuando cada uno de ellos desnuda las vergüenzas del otro para sustraerle una lucrativa parcela de poder ahuyenta incluso a quienes hasta ayer nomás fueron sus compañeros de viaje, o acaso sus cómplices. Y vacuna a la sociedad catalana, mayoritariamente laboriosa, cosmopolita e ilustrada, contra la tentación de dejarse arrastrar por los embaucadores que venden terrenos en una Ítaca más falsa que los escombros amañados del Born e infectada, para colmo, por los virus totalitarios del cinismo y el fanatismo, de la corrupción y la revolución, de la codicia y el odio. El tiro de gracia: nada menos que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que depende de la Administración autonómica y no del Gobierno de España, informa (LV, 2/11):
Los catalanes confían más en la Policía Nacional y en la Guardia Civil (4,80) que en el Parlamento de Cataluña (4,54) y en el Gobierno de la Generalitat (4,36).
La rica lengua italiana aporta otra sentencia aplicable al guiñol catalán: la commedia è finita, pronunciada cuando cae el telón sobre el último acto de la ópera Pagliacci (Payasos).