"Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad", es la frase atribuida a Joseph Goebbels que guía las tácticas de los mistificadores y demagogos de nuestros días, tanto de derechas como de izquierdas. Y los hechos les dan la razón: las mentiras repetidas quedan blindadas. Así es como vemos que incluso en los editoriales de los diarios más serios y en las columnas de los formadores de opinión más ecuánimes nos encontramos con la palabra bloqueo aplicada al embargo que Estados Unidos dictó contra la dictadura castrista. La diferencia es abismal. El bloqueo, que llegó a su clímax durante la Segunda Guerra Mundial entre las potencias beligerantes, rigió parcialmente durante la Crisis de los Misiles, cuando se estableció un cerco naval para evitar que Cuba recibiera armas. Las restantes mercancías pasaban libremente. El embargo solo restringe el intercambio de determinadas empresas estadounidenses y de sus subsidiarias con la economía estatizada de Cuba. Esta es precisamente la razón por la que dichas empresas son las que se sienten más perjudicadas por el embargo, y lo eluden cuando pueden. La isla mantiene relaciones comerciales con el resto del mundo, y el presunto bloqueo solo sirve de pretexto para justificar la permanente escasez de productos esenciales que genera el sistema comunista allí donde se aplica.
Nostálgicos de la subversión
La mentira blindada que me ocupa ahora es otra. Es la que se coló, por ser ya de uso corriente, en una por lo demás muy documentada y veraz reseña de lo que fue "Argentina 78. Un Mundial marcado por los amaños y la dictadura de Videla" (Libertad Digital, 18/4). Allí aparece la cifra de "30.000 desaparecidos". Una mentira que han blindado los hagiógrafos de los movimientos guerrilleros de matriz castrista. Y que han institucionalizado los jerarcas del régimen kirchnerista mediante sucesivas tergiversaciones de las listas que publicó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que el presidente Raúl Alfonsín creó apenas asumió su cargo en 1983. Entonces se documentaron los casos de 8.961 desaparecidos, aunque con la salvedad de que podían ser más. O menos, como se verificó posteriormente.
En agosto del 2009 la combativa madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide, que había formado parte de la Asamblea por los Derechos Humanos durante la dictadura militar, trabajado en la Conadep y ocupado diversos cargos políticos, publicó el libro La historia íntima de los derechos humanos, donde retomó la cifra de "casi 9.000 desaparecidos" comprobados. Los nostálgicos de la subversión, encabezados por Hebe de Bonafini, la madre de Plaza de Mayo y apologista de ETA que estaba haciendo pingües negocios con la camarilla kirchnerista a la que se había incorporado, la cubrieron de insultos por haber puesto en tela de juicio la mentira blindada. Pero cuando el diario La Nación (9/8/2009) preguntó a Fernández Meijide si cambiaba algo el hecho de que fueran 9.000 o 30.000 los desaparecidos, ella respondió:
No, como sociedad no hay diferencia. La tragedia de 9.000 asesinados es de tal magnitud que deja una herida que no va a soldar. En Chile los desaparecidos no llegan a 1.000, en Uruguay 144, y es tragedia.
Más tarde, el periodista Pepe Eliaschev puso nuevamente en evidencia la mentira blindada en su libro Los hombres del juicio (Sudamericana, Buenos Aires, 2011), donde recogía el testimonio de los juristas del tribunal que había juzgado a los miembros de la Junta Militar. Ahora es otro periodista, Ceferino Reato, quien termina de desmontar, tras minuciosas investigaciones, el blindaje deleznable que la repetición torticera había levantado en torno a la mentira. Autor de varios libros en los cuales analiza con idéntico rigor los crímenes de la guerrilla y de la dictadura militar, completa el panorama desmitificador en su último trabajo sobre los orígenes del movimiento subversivo y de la escalada represiva en la ciudad de Córdoba. Su título no podría ser más contundente: ¡Viva la sangre! (Sudamericana, Buenos Aires, 2013).
Trapos sucios
Reato rastrea el origen de la cifra trucada y le da una pista Sergio Schoklender, quien, cuando salió de la cárcel, se convirtió en mano derecha y factótum de los chanchullos políticos y económicos de Hebe de Bonafini. Con una acotación: Schoklender no había cumplido condena por actividades revolucionarias sino por asesinar, en complicidad con su hermano, a su padre traficante de armas y a su madre, con la que mantenía relaciones incestuosas. (No es el argumento de una morbosa ficción pornográfica sino un caso verídico de dominio público que se puede consultar en las hemerotecas). Tras enemistarse por una cuestión de malversaciones con Hebe de Bonafini -que acaba de adoptar como nuevo favorito al general César Milani, acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura militar y elevado por Cristina Fernández al puesto de jefe del ejército argentino con funciones políticas-, Schoklender empezó a ventilar los trapos sucios que compartía con su antigua patrona, y le confesó a Reato:
Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras necesarias. Cuando la Conadep dijo que había verificado nueve mil desapariciones, los organismos de derechos humanos dijeron que, en realidad, debía haber quince mil. Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil; eso es un invento de ella.
Reato explica:
La política del kirchnerismo, entendido como una amplia alianza entre sectores del peronismo, la izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, busca homenajear a todos "los caídos por la revolución" y beneficiar a sus herederos con una indemnización a cargo del presupuesto público. Para eso, ya no se refiere tanto a la dictadura entre 1976 y 1983 sino al "terrorismo de Estado", como una suerte de ente metafísico que se desplaza hacia los años anteriores sin reconocer fronteras políticas o ideológicas ni diferencias entre gobiernos militares y democráticos.
Un caso escandaloso
La prueba material de este abultamiento fraudulento del número de desaparecidos está en el monumento que se levanta en el Parque de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires, en homenaje "a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad" y "a todos los que dieron su vida en la guerra revolucionaria". Ya no se trata solo de desaparecidos, sino también de los incluidos en la nueva categoría de las “ejecuciones sumarias”. ¿Y estos quienes son? Los guerrilleros muertos en ataques a comisarías y cuarteles, o en enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiales en las ciudades, en el campo o en la selva, o durante la resistencia a la detención en pisos francos. Muchos de ellos antes de que se implantara la dictadura militar. Con un añadido macabro: en el monumento figuran guerrilleros que, sospechados de traición, fueron asesinados sumariamente por sus propios camaradas. Reato cita casos concretos.
Reato denuncia, asimismo, el caso escandaloso de una presunta muerte por ejecución sumaria que distó mucho de serlo. Un caso del que también se ocupa el libro de Eliaschev. Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, encabeza por razones alfabéticas el listado de víctimas. Y Reato explica:
Abal Medina es un caso paradigmático de la laxitud con la cual el kirchnerismo elaboró ese listado. No se trata, claramente, de una víctima de "ejecución sumaria": fue abatido a los 23 años en un tiroteo con la Policía Bonaerense en la pizzería La Rueda, en William Morris, el 7 de septiembre de 1970, apenas tres meses después del secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, con el cual Montoneros se dio a conocer. Como era el jefe, Abal Medina fue quien ejecutó a Aramburu con una pistola 9 milímetros luego de un juicio revolucionario. Junto con él murió su amigo Carlos Gustavo Ramus, cuando quiso lanzar una granada contra los policías que le estalló en la mano; también Ramus figura en esa nómina.
El balance que hace Reato es elocuente. El monumento a los revolucionarios de matriz castrista (la definición es mía, no de Reato, y el calificativo de "ex dictador" aplicado más arriba al general Pedro Eugenio Aramburu es de Reato, no mío)
contiene 30 mil placas que en su mayoría continúan vacías, como si estuvieran esperando la llegada de los nombres de las más de 20 mil personas que aún faltan.
Cuando este monumento fue inaugurado, en 2007, con todos los agregados realizados, la lista total de víctimas llegaba a 8.717.
- 7.664 correspondían a la última dictadura.
- 981 a los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo.
- 72 a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1969 y el 25 de mayo de 1973, casi catorce veces menos que en las presidencias peronistas que los reemplazaron.
Las cuantiosas indemnizaciones que han recibido los familiares de las víctimas, tanto reales como ficticias, son un capítulo aparte. Escribe Reato (La Nación, 19/4):
Cifras que no son ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares que salen del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.
Adiós al blindaje.