Leo el titular de un artículo de Fernando Ónega: "La Corona, en manos del PSOE" (LV, 23/8). Y empiezo a temblar. Alerta roja. Un trepador sin escrúpulos parece estar en condiciones de manosear, si se le antoja, el artículo 56 de la Constitución española (Título II. De la Corona) que reza: "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes".
Andanada de interrogantes
Ónega informa que Sánchez envió a los militantes de su partido una carta que lo convertía en "defensor del Pacto Constitucional del 78 y, por tanto, de la monarquía como forma de gobierno". Pero añade, suspicaz: "La otra lectura es que la Corona pasa a depender del Partido Socialista Obrero Español". Dicho lo cual, descarga una andanada de interrogantes que, en boca de un opinador habitualmente prudente, justifica con creces que sigamos temblando:
El primero podría ser este: ¿es fiable el señor Sánchez cuando se erige en defensor y garante del pacto constitucional? ¿Es creíble un político que aseguró que jamás pactaría con Unidas Podemos, porque esa alianza le quitaba el sueño a él y a 47 millones de españoles, y a los pocos días formaba gobierno con quien había demonizado? ¿Hasta qué punto la defensa de la monarquía es compatible con su manual de supervivencia? ¿Puede confiar plenamente el Monarca en quien se escuda en el fácil argumento de que la jefatura del Estado y la del Gobierno son instituciones distintas?
Basta de atropellos
Basta de atropellos. La Corona no debe estar jamás en manos de un partido político, cualquiera que este sea. Y menos aun cuando a este partido lo acaudilla un zascandil que lo pone al servicio de su ambición personal. La guardiana de la Corona es la ciudadanía a la que ella sirve desempeñando los papeles mayestáticos arriba enumerados, que no son pocos.
El pandemónium que montan los republicanos de pacotilla no es más que un trampantojo para encubrir golpes sediciosos urdidos entre bambalinas. Es la misma Constitución la que brinda a la ciudadanía los instrumentos para reformarla de la A a la Z, incluida la forma de gobierno, sin necesidad de incurrir en patochadas barriobajeras. Basta que los reformistas empiecen por sumar dos tercios de votos en ambas Cámaras del Parlamento para solicitar el cambio, y que a continuación disuelvan el Parlamento y convoquen elecciones, celebradas las cuales las dos Cámaras del nuevo Parlamento aprobarán con los dos tercios de votos la nueva Constitución, que será sometida a referendo popular.
Así funciona la democracia en las monarquías parlamentarias, blindadas contra el despotismo criminal que impera en repúblicas que, como Cuba o Venezuela, sirven de modelo a nuestra izquierda reaccionaria. O como Bielorrusia, cuya versión descafeinada asoma en nuestra reserva étnica de Cataluña.
Apéndice del monstruo
Sí, sobrarían motivos para temblar si la continuidad de la Monarquía parlamentaria estuviera realmente en manos de ese apéndice del monstruo de Frankenstein que usurpa las siglas históricas del PSOE. Porque las otras piezas que completan el monstruo, disfrazado de "bloque de investidura", llevan implantada una carga explosiva contra España, sus instituciones y todo lo que huela a civilización occidental. Leninistas atávicos, racistas empedernidos y la hez bilduetarra han instalado al felón en el puesto de mando para ejecutar las tareas de demolición.
Los escombros que deja tras de sí la demolición ya están a la vista. Y entre estos escombros sobresalen los de Cataluña: sanitariamente traumatizada, económicamente empobrecida, socialmente fragmentada, culturalmente involucionada, convertida en el patrimonio feudal de una oligarquía que ha renegado de sus raíces españolas y de su tradición cosmopolita. A pesar de lo cual, una minoría activa del electorado catalán, encandilada por la mitología telúrica que enarbolan los demagogos tribales, se somete a los caprichos de los líderes apátridas.
Uno de ellos, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española y (no lo olvidemos) catalogado como malversador por el tribunal benévolo de Schleswig-Holstein, acaba de vomitar un mamarracho panfletario -M´explico- emparentado con el Mein Kampf (Mi lucha) de Adolf Hitler por su carga de racismo atrabiliario y de megalomanía patológica. El texto está saturado de odio fratricida, no solo contra sus compatriotas españoles sino también contra sus propios camaradas competitivos y sus aliados ocasionales, y pinta una república mostrenca que, irreal y amputada de la Unión Europea, no recibiría ni un céntimo del fondo de reconstrucción. Un detalle que ocultan estos tránsfugas narcisistas pero del que depende nada menos que la supervivencia de la región y sus habitantes.
Cortafuegos necesarios
Afortunadamente, los redactores de la Constitución de 1978, incluidos los dos catalanes, previeron la necesidad de incluir cortafuegos contra los enemigos internos y externos de la democracia, la convivencia y la existencia de la Nación. Estos cortafuegos están presentes en el ya citado artículo 56 sobre la Corona y también en el artículo 8.2, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, rescata de cuando en cuando:
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Ojalá nunca haya que emplear estos recursos que prevé la Constitución -sí, la Constitución aprobada en referendo por mayoría abrumadora- para casos extremos. Pero ahí están, impresos en negro sobre blanco y es bueno recordar que existen.
La vía pacífica
Vayamos por la vía pacífica. La siempre lúcida Cayetana Álvarez de Toledo sentó las bases, en su muy citada entrevista del diario El País (15/8), de lo que podría ser un programa de encuentro entre gente civilizada para emprender la recuperación de los valores, los derechos y las libertades cuyas semillas sembró la hoy maltratada Transición:
Y lo será aun más cuando construyamos la alternativa que España necesita, que no podrá articularse mediante la contemporización con los nacionalistas. Hay un terreno nuevo y fértil para un partido que defiende la libertad y la igualdad: el de la batalla cultural. Cada vez son más las voces de la socialdemocracia, progresistas, ilustradas y modernas que se alzan contra la espiral identitaria. Que rechazan la deriva reaccionaria emprendida por las élites de izquierdas a finales de los sesenta y que hoy se expresa mediante la discriminación, la intolerancia, lo que ahora llaman cancelación. El PP tiene que ensancharse a esas voces y liderar el gran espacio español de la razón.
Esta es la fórmula ideal para expulsar a las aves carroñeras que se alimentan descuartizando la patria común, y para salvaguardar nuestra convivencia fraternal en el marco humanista de la rejuvenecida Monarquía parlamentaria. Ahorrándonos temblores.