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Un cinismo de pacotilla

A los políticos secesionistas que pisan, pisotean y traspasan las líneas rojas que marca la Constitución les importan un rábano las personas y la cultura.

Eduardo Goligorsky
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Menudo escándalo montaron en Cataluña los guardianes de las esencias arcaicas cuando las Cortes de Aragón aprobaron, con los votos del PP y el PAR, la nueva Ley de Uso, Protección y Promoción de las Lenguas y Modalidades Lingüísticas Propias. La variante del catalán que se habla en la Franja limítrofe se transformó, por imperativo legal, en la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental, cuya sigla, lapao, se presta a toda clase de sarcasmos. El somatén mediático arremetió en un editorial (LV, 11/5) contra la presidenta de esa comunidad, Luisa Fernanda Rudi, porque creyó

prioritario (pese a que las urgencias de nuestros días son otras y bien obvias) borrar el nombre de una lengua –el catalán– que en Aragón hablan 60.000 personas, y de otra –el aragonés– que conocen 12.000. Y para su consejera de Educación y Cultura, Dolores Serrat, quizás sea posible afirmar sin sonrojarse, como hizo ayer, que esta norma legal que priva de su nombre a dos lenguas enraizadas en Aragón es "una herramienta para su defensa". Hoy en día se hace lo contrario de lo que se dice con asombroso desparpajo.

Y para remachar, el columnista Magí Camps dictaminó (LV, 10/5):

Es otra prueba fehaciente de que en este Estado las personas y la cultura van por un lado y las leyes por otro. La lengua es la línea roja que nunca se debería haber traspasado y, en cambio, algunos políticos se dedican constantemente a pisarla.

Típico vicio totalitario

El asombroso desparpajo que clama al cielo es precisamente el de estos detractores de la ley aragonesa. Tanto el editorialista del somatén mediático como los plumillas que repiten, sin sonrojarse, sus falacias hacen gala de un cinismo de pacotilla. Toda la artillería del secesionismo, o sea de "la minoría más activa y organizada" (Francesc-Marc Álvaro dixit, LV, 6/5), está dirigida contra el castellano, la lengua que hablan todos, absolutamente todos, los catalanes, incluidos aquellos –uno de cada tres (nuevamente Francesc-Marc Álvaro dixit)– que están comprometidos con la balcanización. ¿Qué son los 60.000 aragoneses que hablan y seguirán hablando, si lo desean, una de las muchas variantes del catalán, se llame como se llame, cuando se los compara con los cientos de miles de niños a los que la Generalitat niega, año tras año, y desobedeciendo las sentencias judiciales, el acceso al castellano como lengua vehicular?

No es que las personas y la cultura vayan por un lado y las leyes por otro, como quiere hacernos creer Magí Camps. Lo que sucede es que a los políticos secesionistas que pisan, pisotean y traspasan las líneas rojas que marca la Constitución les importan un rábano las personas y la cultura: ni Salvador Espriu ni Juan Ramón Jiménez. Ellos van a lo suyo: la manipulación del poder puesto al servicio de "la minoría más activa y organizada". Mientras movilizan una gigantesca maquinaria de propaganda dogmática que no deja espacio para heterodoxias políticas o culturales. Pese a que, como señalaba el editorial arriba citado, "las urgencias de nuestros días son otras y bien obvias".

Los argumentos con que el agitprop pretende ocultar esta realidad están impregnados de ese aire ofensivo que siempre envuelve al cinismo de pacotilla. En una comunidad orgullosamente bilingüe como la catalana, Artur Mas incurrió en el típico vicio totalitario de atribuirse la representación de una voluntad popular monolítica. Amenazó (LV, 20/5):

Que no se equivoquen, la lengua catalana es patrimonio de todos y cada uno de los catalanes y de las catalanas, de 7,5 millones de personas, y todos la defenderemos, los que llevan apellidos catalanes y los que llevan apellidos que no son de Catalunya.

Y a continuación faltó a la verdad al afirmar que el proyecto de la Lomce pretende "españolizar a los niños en las aulas de las escuelas catalanas", ya que prevé implantar el castellano como lengua vehicular. Segunda lengua vehicular junto al catalán, debería haber dicho.

Operación expansionista

Si una óptica de nulo alcance cultural hace pensar a los secesionistas que el bilingüismo en las aulas españoliza a los niños, ¿qué impide que los aragoneses, los valencianos, los ciudadanos de las Islas Baleares y demás territorios donde se hablan variantes del catalán teman que la implantación de esta lengua, con su nombre, sea el preludio de una operación expansionista? Ya tienen el antecedente de lo que sucedió en la propia Cataluña, donde la inmersión lingüística fue ajena, incluso antagónica, al progreso cultural, y se convirtió en el instrumento ideal para ejecutar un premeditado experimento de ingeniería social disgregadora. Sólo los cínicos de pacotilla pueden negar esta evidencia. Antoni Puigverd impugna con saña sectaria la política defensiva de las Cortes aragonesas, pero al mismo tiempo confiesa (LV, 13/5):

La politización del catalanismo, ya en el siglo XIX, complicó aun más la percepción que valencianos, mallorquines o aragoneses de la Franja tenían de la lengua común.

Este es el quid de la cuestión. Y es el motivo por el que se gestó esa innovación aparentemente ridícula que es el lapao. El secesionista simpático Josep Antoni Duran Lleida quiso exhibir dotes de humorista y aprovechó su condición de nacido en la Franja para escribir su página web en lapao, con variantes dialectales propias de su área de origen, para demostrar la "aberración" que cometieron las Cortes de Aragón al aprobar que no se llamara el catalán por su nombre (LV, 18/5). Haciéndose el listo, añadió irónicamente que "del mismo modo podría decirse que en Latinoamérica no se habla castellano sino lunam (lengua utilizada normalmente en América Latina)".

El argumento rezuma ese cinismo de pacotilla al que recurren quienes menosprecian a sus interlocutores. Incluso el señor Duran Lleida sabe que si España no respetara la soberanía de los países de América Latina, hiciera circular mapas con el rótulo de Países Españoles y subvencionara movimientos políticos empeñados en volver atrás las páginas de la historia para refundar los virreinatos coloniales, utilizando como pretexto la lengua común, se diría, efectivamente, que en ese continente se habla lunam u otras lenguas con denominaciones autóctonas, pero no la lengua de los neocolonizadores, aunque fueran idénticas a esta. Afortunadamente, esto no sucede porque tanto los centros culturales que dependen de la Agencia Española de Cooperación Internacional como el Instituto Cervantes se atienen a su función divulgativa y no practican la intromisión irredentista.

Reacción virulenta

Es revelador subrayar, en este contexto, que los secesionistas saben hasta dónde pueden llegar con sus provocaciones. Manuel Valls, ministro del Interior de Francia, es un descendiente de catalanes, nacido en Barcelona, que cultiva la lealtad a los valores republicanos de su patria de adopción. No se ha esclerosado en sus raíces y no está para bromas con apelaciones a identidades ancestrales adquiridas en la cuna. Pilar Rahola diría que es un catalán víctima del autoodio. Escribe el informado gurú Enric Juliana (LV, 14/4):

El Govern de Catalunya y la fuerza política que lo sustenta, Convergència i Unió, han tomado la decisión de reducir el activismo catalanista en el departamento francés de los Pirineos Orientales, unidad administrativa que reúne las comarcas de habla catalana del Rosselló, Conflent, Vallespir, Capcir, Alta Cerdanya y la Fenolleda (esta última de habla occitana) (…) Es propósito del Govern de la Generalitat comunicar a las autoridades francesas que el proyecto soberanista catalán se circunscribe al Principat, sin enfoque irredentista. "Ni hacia el norte, ni hacia el sur", según palabras textuales de un miembro del Govern.

La reacción virulenta de los secesionistas ante los tropiezos que sufren en Aragón, Valencia y las islas Baleares hace que sea poco creíble esta promesa de moderación. Los mapas de los Països Catalans y la retórica expansionista de ERC y la CUP terminan de convertirla en otra muestra de cinismo de pacotilla. Un cinismo que, exhibido en todos los órdenes de la vida institucional, terminó por irritar incluso al habitualmente circunspecto José Antonio Zarzalejos (LV, 19/5):

La esquizofrenia del Govern impulsando estructuras de Estado, por una parte, y, por otra, negociando a calzón quitado con Madrid asuntos de régimen ordinario, desquicia cualquier análisis que pretenda discurrir por argumentaciones coherentes.

Súmese a esto el hecho de que el Gobierno de la Generalitat amenaza con impugnar la Lomce ante el Constitucional, cuya autoridad desconoce y cuyos fallos desobedece, y ya queda completo el cuadro del cinismo de pacotilla.

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