Si los ciudadanos se alimentaran de información veraz y no de posverdades proselitistas, la jarana retrógrada de la Diada estaría menos concurrida que una ceremonia de santería afrocubana o una sesión de espiritismo. ¿Qué abuelo llevaría a sus nietos a esta concentración si supiera que en ella se están sentando las bases de una dictadura como la de Erdogan o Maduro? ¿O como la que él padeció en tiempos de Franco? El material maniqueísta que circula por las redes sociales no ayuda a despejar las mentes y poca gente tiene tiempo y ganas para contrastar las versiones dispares que ofrecen los medios.
Ucase golpista
La lectura, para empezar, del proyecto de ley de transitoriedad jurídica engendrada por los amanuenses de la Generalitat, su análisis posterior y la consulta de las opiniones vertidas por estudiosos disuadiría a la mayoría de los manifestantes potenciales de colocarse al servicio de quienes han urdido un plan torticero para desconectarlos del Reino de España y la Unión Europea. Esta operación no es producto del sobado patriotismo, sino de la aversión a las normas civilizadas del Estado de Derecho. Aversión que comparten todos los autócratas.
Ningún ciudadano celoso de sus libertades individuales, garantizadas por el régimen democrático, se sumaría a una masa maleable si supiera que al hacerlo apuntala este ucase (equivalente a los decretos coactivos del zar) golpista, parido para avalar la transición hacia el totalitarismo.
Después de examinar el sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial de la república nonata, el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós dictamina que este será una criatura subsidiaria del Poder Ejecutivo, despreciando las enseñanzas de Montesquieu sobre separación de poderes, universalmente aceptadas ("Un país nuevo, un Estado peor", LV, 30/8):
Pues bien, la Ley de Transitoriedad Jurídica, a mi juicio, plantea un modelo en que la independencia judicial es aun más vulnerable (…) En lo concerniente al Poder Judicial, empeora el marco institucional de su independencia y menosprecia el consenso necesario en las intervenciones parlamentarias. ¿Un país nuevo? Quizá. Pero así, sería peor.
Autopsia del proceso
El catalanista cristiano Josep Miró i Ardèvol, al que ni siquiera el más furibundo inquisidor secesionista se atrevería a tildar de botifler sin caer en el ridículo, completó, por razones de higiene cívica, la autopsia rigurosa del proceso ("Por la legalidad catalana", LV, 26/8):
El proceso rompe con nuestra legalidad en tres cuestiones decisivas. Deroga el Estatut d'Autonomia sin la mayoría de las tres quintas partes de los diputados que el propio Estatut establece para todo cambio. Pretende celebrar un referéndum cuyas reglas aprobadas por mayoría simple están lejos de la mayoría cualificada que el propio Estatut determina para acordar el sistema electoral. Finalmente, liquida la práctica de nuestro Parlament, desde la restauración, de aprobar los cambios en su reglamento por consenso o por amplio acuerdo.
(…)
Y una última observación sobre cómo vulneran nuestra legalidad nacional. Por dos veces el Consell de Garanties Estatutaries ha resuelto en términos contrarios sobre aspectos concretos del referéndum. Puigdemont ha rechazado el dictamen en ambas ocasiones porque su naturaleza no es vinculante. Y ciertamente no lo es, pero tiene esta condición porque el Tribunal Constitucional lo modificó en este sentido, pero el texto aprobado por los catalanes establecía que sí era vinculante. Puigdemont usa la legalidad española cuando le interesa para invalidar la legalidad catalana.
Rebaño despersonalizado
No faltarán quienes argumenten, desentendiéndose de sus responsabilidades cívicas, que estas cuestiones de la división de poderes y de los matices legales solo conciernen a los especialistas. Pues bien, vamos a abordar más abajo un artículo del proyecto que, en el caso muy remoto de que llegara a aplicarse algún día, convertiría a los desaprensivos, literalmente, en parias. Veremos si, leído este vaticinio, los candidatos a engrosar la chirigota deciden exprimir las neuronas y consultar a los expertos. Para luego disfrutar del puente del 11 de septiembre, lejos de estribillos insidiosos y del rebaño despersonalizado por la indumentaria monocolor, típica de las brigadas fascistas y supremacistas de ayer y de hoy. Y más lejos aun de la escoria proetarra que infectará la marcha con las emanaciones pútridas de su pasado criminal, llevando a "su patrón Arnaldo Otegi a la cabeza" (El Confidencial, 3/9).
Si los bárbaros del Califato consiguieran recuperar Al Ándalus, mostrarían su agradecimiento a estos sediciosos por la ayuda que les prestan debilitando las defensas del Reino de España, y les dispensarían el privilegio de anestesiarlos antes de degollarlos junto al resto de los infieles.
Simulacros de documentos
Vayamos al fondo de la cuestión. Según el texto engañabobos, "la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia a la española ni a ninguna otra" (art. 9.1). Acostumbrados a ejercer la arbitrariedad y a creerse el ombligo del mundo, los padres del mamarracho se comportan como si no supieran que para que exista la doble nacionalidad es indispensable un pacto entre las dos partes involucradas. Pero lo saben, y saben que su falsa república está condenada desde el vamos a navegar por el limbo, fuera de Europa y del concierto de naciones, aunque lo oculten taimadamente a su clientela. Ya es hora de que esta se entere del destino que sus amos le tienen reservado.
Ciertamente, dada la falta de escrúpulos con que manejaron todo el proceso secesionista, los gerifaltes de la hipotética república no vacilarían en premiar a sus súbditos con simulacros de documentos de identidad y pasaportes. Que nadie reconocería más allá de las fronteras. Su valor, para las otras naciones, sería el mismo que tenían las burdas imitaciones de insignias de sheriff y agente secreto que coleccionábamos los chavales, allá por la década de los 30 y 40, a cambio de los cromos de chocolatinas.
Espectaculares fracasos
Esto explica la fingida generosidad de los trileros que esgrimen el señuelo de la doble nacionalidad para pillar incautos. Los catalanes desprevenidos tendrán papelotes locales para entretenerse y creerse independientes, pero a la hora de la verdad, incluso para ir a su pueblo de Almería, tendrán que hacer valer sus documentos españoles. Y no solo la plebe. Las autoridades de la república mostrenca, sus funcionarios y emisarios tendrán que identificarse como españoles para viajar fuera del enclave cerrado. Ya lo están haciendo cuando salen para renegar de España. Carles Puigdemont exhibe el pasaporte español en sus viajes frustrantes a Bruselas, Estados Unidos y Dinamarca, donde no lo recibe nadie. A pesar de lo cual, después de arrastrarse mendigando audiencias, miente para ocultar sus espectaculares fracasos (LV, 3/9):
No hemos pedido ser recibidos por ninguna autoridad. No es que no lo hayamos conseguido, es que no lo hemos intentado.
Están sentenciados
Todo muy astuto y pintoresco hasta que… Hasta que caduquen sus documentos españoles. Dentro del territorio comanche no funcionarán, por supuesto, comisarías españolas donde renovarlos. Ni tampoco consulados, porque no habrá relaciones diplomáticas entre los desconectados y la madre patria. De pronto, los felices pobladores de la Ínsula Barataria descubrirán que, caducado su documento español, y provistos de otro que nadie reconoce, están sentenciados a vivir prisioneros en una república totalitaria de sin papeles. Triste suerte que también correrán, a medida que transcurra el tiempo, las nuevas generaciones que vayan naciendo en esta terra incognita. Cuando abordó este tema al ser entrevistado, Carles Puigdemont, ducho en posverdades (él, que denunció una "amenazocracia" después de haber espetado "damos miedo, y más que daremos"), lo puso todo patas arriba (LV, 3/9):
No me imagino que el Estado español le quiera negar la nacionalidad española a aquellos ciudadanos catalanes que la quieran conservar.
Quienes nacieron en el territorio catalán del Reino de España o adquirieron esta nacionalidad conservarán su documento español hasta que caduque. Exceptuando a los inmigrantes y turistas, todos los residentes en Cataluña somos y seguiremos siendo españoles. Quienes pretenden impedir que continuemos siéndolo, y que lo sean las nuevas generaciones, convirtiéndonos en sin papeles a los ojos del resto de las naciones, son los iluminados que se encaprichan en levantar fronteras que jamás existieron.
Olvidemos la pesadilla de la república totalitaria de los sin papeles. ¡Feliz puente del 11 de septiembre, compatriotas, mostrando siempre con orgullo el documento español que nos une como ciudadanos libres de una sociedad abierta al mundo!