Fue el 18 de julio de 1994. La víspera el mundo entero había disfrutado de la final del mundial de fútbol entre Brasil e Italia. A las 09:53 de la mañana, cuando el día estaba empezando en la AMIA, una de las organizaciones más grandes de toda Argentina, una fuerte explosión hizo desaparecer su sede y varios edificios aledaños. Los que entonces éramos niños recordamos el atentado con una sucesión de imágenes de cuerpos sin vida, bañados de cemento y ladrillos desvencijados. Ochenta y cinco personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas. El año que viene se cumplirán veinte años de la matanza y, después de lo anunciado por la presidenta argentina hace unos días, parece que los criminales jamás serán llevados ante la justicia.
En el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba, vía Twitter, que el gobierno argentino había llegado a un acuerdo con la República Islámica de Irán para crear la llamada Comisión de la Verdad, que estará conformada por funcionarios de ambos países, para esclarecer lo sucedido aquel 18 de julio. Este acuerdo, amén de una infamia moral, no hay por dónde cogerlo jurídicamente, y responde a oscuras razones políticas y comerciales.
Ciertamente, poco queda por esclarecer después de la investigación de los fiscales argentinos Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, quienes concluyeron el 25 de octubre de 2006 que el gobierno iraní planeó el atentado y Hezbolá lo ejecutó. Tras estas conclusiones, el juez Canicoba Corral emitió una orden internacional de captura para siete funcionarios iraníes y un miembro de Hezbolá. Apenas un año después, el 7 de noviembre de 2007, Interpol, ratificando las conclusiones de la investigación de la Fiscalía argentina, emitió notificaciones rojas para la captura de los responsables del atentado. Buenos Aires ha pedido a Teherán la extradición de los culpables, pero el régimen de los ayatolás se ha negado constantemente.
El órgano que crea este pacto con los iraníes, que con cierta mala baba se llama Comisión de la Verdad, cojea estrepitosamente desde el punto de vista jurídico. Es una cesión de soberanía incomprensible, según apunta el periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, y viola el principio procesal de territorialidad del Código Penal argentino; acepta que los señalados como culpables solo sean investigados e interrogados en Teherán por funcionarios de ambos países ante la dichosa comisión y, además, viola el artículo 19 de la Constitución argentina, que prohíbe al gobierno "arrogarse el conocimiento de causas pendientes".
En el plano político, esta tropelía de Cristina responde a intereses comerciales y diplomáticos. Desde que Cristina llegó a la Casa Rosada, las ventas a Irán han crecido un 234%. Según informa el diario Perfil, la Cancillería iraní habría comunicado a Ahmadineyad que
la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados [en 1992 una bomba estalló en la embajada de Israel en Buenos Aires] pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán.
Para qué molestar a unos antiguos funcionarios iraníes si se pueden cerrar acuerdos multimillonarios.
Según Morales Solá, el acuerdo también puede responder a la influencia de Hugo Chávez, el más firme aliado de Irán en América Latina, que habría prometido a Cristina que Teherán se atemperaría en la escena internacional con un acuerdo de este calibre. Una atemperación que permitiría a Cristina fotografiarse y cerrar tratos con Ahmadineyad sin pudor alguno.
Esta iniciativa de Cristina es una infamia, porque, en la línea de lo que apuntó el viceministro de Exteriores de Israel, Danny Ayalon, conmocionado ante la noticia, "es como invitar al asesino a investigar sus propios crímenes". La incredulidad y el desasosiego han crecido entre los familiares de las víctimas y entre la comunidad judía argentina. Buenos Aires está dejando impunes a los responsables de uno de los ataques terroristas más terribles de su historia. Cristina cierra así el ciclo de la vergüenza que comenzó esa trágica mañana del 18 de julio de 1994.
El acuerdo debe ratificarlo el Parlamento argentino. Esperemos que sus señorías tengan un poco de decencia y entierren el plan de Cristina para dejar impunes a los responsables de esa espantosa matanza.