Prescindamos de calificaciones jurídicas. A fin de cuentas es muy probable que Torres-Dulce tenga razón y no haya todavía razones suficientes para tomar ninguna medida cautelar contra Jordi Pujol Jr. y que el caso no esté ni mucho menos tan avanzado como lo estaba el de Bárcenas cuando ingresó en prisión. Sin embargo, aquí el problema no son las certezas jurídicas, sino las sospechas políticas. Luis Bárcenas jamás administró dinero público. Por lo tanto, es imposible que su fortuna, en caso de tener un origen corrupto, pudiera amasarse sin la colaboración de los cargos que hicieron los favores que Bárcenas cobró. Y, sin embargo, nadie pregunta de dónde salió el dinero ni qué favor se pagó con él. Tan sólo se constata que Bárcenas no está en condiciones de justificar legalmente su procedencia.
No me parece tan distinto a lo de Pujol hijo, que niega poseer 32 pero admite 7 millones de euros ganados como dinamizador de negocios. Si se trata de negocios en los que, como parece, está envuelta la Administración, ya sabemos en qué consiste dinamizarlos. La explicación es cuando menos tan peregrina como la que dio Bárcenas con sus operaciones con cuadros de firma. O sea, que Pujol no ha justificado suficientemente la procedencia legal del dinero. Eso no obsta a que sea prematuro tomar ninguna medida contra él y que habrá que comprobar quién pagó, si hay facturas y qué servicios concretos se prestaron. Ahora, que el equívoco no quede entre nosotros, el asunto apesta a corrupción y a tráfico de influencias.
Pero, además, cabe sospechar cierto trato de favor porque, con el fin de perseguir el delito fiscal, la jurisprudencia española lleva muchos años forzando la interpretación del tipo añadiéndole casi siempre el de blanqueo de capitales y presumiendo el origen delictivo de las sumas de importancia cuya procedencia no se justifica legalmente. Sin embargo, parece que con Pujol hijo todas estas doctrinas y construcciones penosamente levantadas y que fuerzan las costuras del andamiaje penal español han sido por el momento aguadas. Porque, me pregunto, aun aceptando que la Justicia tenga que admitir que ser dinamizador de negocios es algo tan honorable y legítimo como cualquier otra cosa, ¿ha justificado Pujol la procedencia de los 7 millones que reconoce? ¿Ha pagado los impuestos correspondientes a los mismos? Porque, a todo esto, nada se dice de que Hacienda haya informado del caso. Quizá no lo haya hecho porque nadie se lo ha pedido. La Abogacía del Estado, encargada de defender los intereses de la Hacienda, tampoco parece haber dicho nada.
Da toda la impresión de que, sin necesidad de que ningún funcionario haga nada feo, el caso avanza con estudiada lentitud para que haya ocasión de poder cerrarlo con las mínimas sanciones posibles si Mas y sus secuaces se avienen a abandonar el desafío soberanista y nos hacen la caridad de conformarse con los privilegios que Sánchez y Rajoy quieran darles al alimón. Descorazonador.