El Gobierno socialista que padecemos es una maldición atemperada por su torpeza. Son torpes para todo, pero lo son especialmente legislando. Se cabrean porque el PP condiciona la renovación del Consejo General del Poder Judicial a que se reforme el sistema de elección de sus vocales. Se les ocurre entonces reformar la ley para poder renovarlo sin contar con la oposición y tienen que retirar la propuesta cuando la Comisión europea amenaza con meter a España en el grupo de Estados miembros que no respetan la separación de poderes. Cambian entonces la ley para impedir al Consejo en funciones que pueda hacer nombramientos sin darse cuenta de que tampoco podrán entonces designar magistrados para el Tribunal Constitucional, impidiendo al Gobierno poner a los suyos. Deciden entonces volver a reformar su propia reforma para que el Consejo pueda de nuevo nombrar a pesar de estar en funciones, pero sólo magistrados para el Constitucional. Se dan luego cuenta de que permitir que el Consejo designe no quiere decir que lo vaya a hacer y que los vocales conservadores podrían, como alguno sugirió, negarse a nombrar a nadie hasta recuperar la capacidad para todos los tribunales. Entonces, el Gobierno introduce una enmienda exprés dándoles un plazo perentorio de tres meses que se contará, cosas veredes, desde que expiró el mandato de los anteriores, es decir, desde el 12 de junio. De manera que, cuando entre en vigor la ley, que no sabemos cuándo será, buena parte del plazo de tres meses ya habrá transcurrido. Eso no se ha visto ni en la más bananera de las repúblicas. Y encima, después de fijar ese plazo, se les olvida prever ninguna consecuencia para el caso de que se incumpla, lo que lo convierte en papel mojado.
No sabemos quién es la mente prodigiosa que se ha ocupado de la reforma exprés, pero quien sea deberían mantearlo en la calle de Ferraz y someterlo a escarnio público. Cualquier plazo que una ley fije para cumplir una obligación que antes no se tenía no puede empezar más que el día en que entre en vigor. De otra manera, el plazo será en realidad otro porque, antes de la entrada en vigor, el Consejo no pudo cumplir la obligación que se le impone, ya que tenía vedado hacer nombramientos de ningún tipo.
Luego, como las torpezas socialistas nunca vienen solas, la maldad queda en la irrelevancia porque, si no se prevé ninguna consecuencia al caso de que los vocales del Consejo incumplan su obligación en el plazo fijado, nada ocurrirá. De hecho, en nuestras leyes hay montones de plazos impuestos a todo tipo de instituciones y cargos públicos que se incumplen sistemáticamente y nada sucede (naturalmente, para los particulares siempre hay previstas sanciones). La consecuencia es que, si algunos vocales quieren posponer sine die el nombramiento de los magistrados del Constitucional para presionar al Gobierno y que les devuelva la facultad de hacerlos todos, pueden hacerlo como si nada se hubiera añadido con la enmienda exprés a la reforma exprés. Nunca vi un legislador tan torpe.