La introducción del principio de "prioridad nacional" en el pacto de Extremadura ha obligado al PP a retratarse sobre la idea, que básicamente consiste en que los españoles tienen derecho prioritario sobre los extranjeros a recibir cualquier clase de ayuda que el Estado tenga previsto prestar. Todo está en pañales, y no está claro qué significará esto en la práctica. Dependiendo de cómo se haga, el disparate será mayor o menor. En cualquier caso, es bochornoso que en el país en el que la Escuela de Salamanca dio contenido al moderno derecho de gentes se estén planteando soluciones abiertamente contrarias a él. Naturalmente, lo que pretende Vox es contrarrestar el "papeles para todos" de Sánchez. Lo hace sin querer darse cuenta de que el presidente lo decretó para que los de Abascal reaccionaran precisamente como lo están haciendo. Evidentemente, el problema no está en que los extranjeros tengan en España los mismos derechos que los españoles, salvo los personalísimos derivados de la ciudadanía, como el derecho al voto. El problema está en decretar que sea residente legal quien entró ilegalmente en España o permaneció en ella una vez transcurrido el período de estancia legal. Pero, otorgada la residencia, no se pueden cercenar los derechos inherentes al hecho de residir legalmente en España. Es el "papeles para todos" lo que hay que combatir, no sus consecuencias legales.
Por si la cortedad de vista de Vox no bastara, está también la miopía de los dos barones del PP que, con tácticas opuestas, supieron obtener mayorías absolutas en sus comunidades para no tener que depender de Vox. Isabel Díaz Ayuso, que supo hacer propios los planteamientos de Vox más asumibles para no dar excusas a aquellos de sus electores que estuvieran tentados de pasarse al partido de Abascal, ha criticado el planteamiento por ilegal. Lo es, por supuesto, pero que sea ella la que lo recuerde no sirve para nada más que para poner en un aprieto a la dirección de su partido. Y Juanma Moreno, que logró la mayoría absoluta a base de ser lo suficientemente blandito como para que le voten antiguos electores del PSOE –hay que ver cómo le gusta arrebujarse entre las faldas de Felipe González–, ha explicado que precisamente, para no tener que hacer esas cosas tan feas que su partido está haciendo en Extremadura, es para lo que ahora pide él la mayoría absoluta, con la esperanza de atraer a antiguos votantes socialistas. Es otra forma de hacerle el mismo daño a la dirección nacional por el insignificante beneficio que puede reportarle esta impostura de transida moderación.
En cualquier caso, con el pacto de Extremadura y con la moción recién presentada en el Congreso de los Diputados sobre el principio de prioridad nacional, Vox cumple a rajatabla con el papel que tiene atribuido en el plan de Sánchez. Por eso el PSOE presenta tan malos candidatos a las elecciones autonómicas, para perder y que ganen las derechas, como él dice. Y por eso da correa a Vox con medidas extremistas que irriten a su potencial electorado, para exacerbar sus posiciones de negociación y hacer que el PP, al depender de Vox, comulgue de uno u otro modo con ellas. ¿And no podrían en la calle Bambú renunciar siquiera temporalmente a sus más exageradas ambiciones con vistas a derrotar a Sánchez en las próximas generales en vez de dedicarse a hacerle el caldo gordo avanzando a los lugares que el inquilino de La Moncloa les señala con el dedo? Podrían. Pero, ¿seguiría entonces Putin pagando las facturas?