Se queja Rosa Díez de que su partido recibe por parte de los populares el mismo trato que Amaiur. Se refiere a que, como el PP tiene mayoría en la Mesa del Congreso, es quien ha decidido que ninguno de los dos tenga grupo parlamentario propio porque, en aplicación estricta del artículo 23 del Reglamento de la cámara, ninguno reúne las condiciones exigidas para tenerlo.
Si el PP no está haciendo otra cosa que aplicar la ley ¿por qué se queja Rosa Díez? Lo hace porque en anteriores legislaturas se ha facilitado con frecuencia a partidos pequeños la formación de grupo a base de defraudar el reglamento. La última vez, con ERC a la que, no obstante estar lejos de reunir ninguno de los requisitos exigidos, se le permitió formar grupo. El Tribunal Constitucional avaló la decisión diciendo que la Mesa del Congreso podía interpretar el artículo 23 como quisiera. Con semejante precedente, UPyD podía razonablemente esperar que se le facilitaría formar grupo parlamentario porque sus resultados están a poco más de 3 décimas de alcanzar el 5 por ciento nacional exigido.
Parece ser (a la hora que escribo la Mesa todavía no ha decidido formalmente) que el PP ha comunicado a UPyD su deseo de aplicar estrictamente el reglamento, lo que obligará a UPyD a formar grupo parlamentario con el diputado de Foro, algo que el Reglamento permite. Lo que en cambio parece un fraude de ley es que, como se ha hecho muchas otras veces, este diputado, una vez logrado el grupo, marche al grupo mixto dejando con grupo parlamentario a quienes en principio no tenían derecho a él.
Pero en la exigencia de Rosa Díez de ser tratada de forma diferente a Amaiur hay un fondo de justicia no despreciable. La brava socialista lo exige sobre la base de que la verdadera Justicia ha de tratar desigualmente a los desiguales. O sea, siendo como es UPyD un partido democrático, debiera de haberse visto beneficiado de una aplicación flexible del Reglamento como tantos otros lo fueron antes que él. Y nada hubiera eso obstado a ser inflexibles con Amaiur, que no dejan de ser el brazo político de una organización terrorista, y no haberles permitido tener el grupo que reclaman. En definitiva, Rosa Díez se queja de que su partido haya sido tratado como Amaiur cuando ellos no son como Amaiur.
Francamente, no sé bien quién tiene razón. En última instancia, prefiero que se aplique la ley sin consideración a quien se está aplicando antes que permitir que quien tiene la obligación de interpretarla lo pueda hacer de un modo diferente según quien sea el que deba someterse a ella. Si es que en el PP han decidido que serán siempre así de estrictos y serios, bendito sea Dios. Si no, tendrá razón Rosa Díez cuando les acusa de acomplejarse ante Amaiur. Para despejar dudas, podrían empezar la legislatura derogando la autorización a negociar con ETA aprobada en tiempos de Zapatero. Veremos.