Aplazado el conflicto catalán, PSOE y PP vuelven a deambular por el páramo y la estepa intelectuales. Se supone que antes de que acabara el año tendríamos nuevo sistema de financiación autonómica. Rajoy ya ha empezado a excusar el probable incumplimiento del plazo alegando que no puede hacer nada sin el PSOE. Muy bien, pero podría adelantar qué es lo que propone, si es que tiene algo que proponer. Al otro lado de la bancada, lo que a Pedro Sánchez le interesa es hablar de la reforma de la Constitución. Puesto que brindó el apoyo a la aplicación del artículo 155 a cambio de eso, teme quedar mal y que al final no haya reforma. Además, el socialista quiere presentarse como el hombre que mejor comprende las quejas de los catalanes y el único que posee la fórmula mágica con la que lograr, reforma mediante, que los lamentos desaparezcan. Ahora bien, nada propone. No lo hace porque no tiene nada que proponer. Espera que, iniciado el debate, los separatistas catalanes exijan y cree que, dándoles algo de lo que pidan, se arreglarán las cosas, al menos para unos años. Sin embargo, nada permite presagiar eso. Hace tiempo que los separatistas dejaron de pedir nada y hoy tan sólo se conforman con la independencia, aunque para muchos de ellos no sea más que un pretexto con el que saquear el tesoro público.
Entonces, ¿dónde estamos? Estamos donde siempre. El original sistema autonómico no funciona. No lo hace entre otras cosas porque se basa en transferir a las comunidades autónomas la mayoría de las competencias del Estado sin los impuestos con los que financiarlas. En consecuencia, al ser la Administración central la que recauda el dinero necesario para atender a esas competencias, es el Gobierno de la nación el que lo reparte. Se supone que lo hace atendiendo, entre otros, al principio de solidaridad, de manera que a cada comunidad no se le da en función de lo que en ella se recauda, sino en consideración a lo que necesita. Esto implica que a los electores de las regiones ricas, a excepción de vascos y navarros, no se les da la oportunidad de votar a Gobiernos que no obstante gastan su dinero y lo hacen sin darles ninguna cuenta. En cualquier caso, los independentistas catalanes y muchos catalanes que no son independentistas, pero que amenazan veladamente con acabar siéndolo si no se les hace caso, quieren que, de una manera o de otra, el dinero recaudado en Cataluña vuelva allí en su totalidad. Y esto, mientras su renta per cápita sea más alta que la del resto, no puede ser.
La otra solución, cada vez más atractiva para cada vez más españoles, es la de cargarse las autonomías y volver al Estado centralista, encargado al tiempo de recaudar y de gastar. Sin embargo, ningún partido defiende abiertamente esta propuesta porque hay regiones en España donde tendría un rechazo abrumador. De modo que esto ni tiene solución ni hay quien lo entienda.