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Emilio Campmany

Libertad, vacunas e hipocresía

Mientras los Gobiernos imponen restricciones a las libertades que gozan de buena prensa, no se atreven a imponer otras por temor a que no sean igual de bienvenidas.

Emilio Campmany
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Mientras los Gobiernos imponen restricciones a las libertades que gozan de buena prensa, no se atreven a imponer otras por temor a que no sean igual de bienvenidas.
Un joven muestra su brazo tras ser vacunado contra el ovid-19 en Santiago de Compostela. | César Arxina / Europa Press

En Occidente, nadie se ha atrevido todavía a hacer obligatoria la vacuna contra el covid-19. A lo sumo se ha llegado a exigir que se acredite la condición de vacunado para acceder a según qué sitios o ejercer según qué profesión. Y aun así, hay muchos lugares donde se resisten a imponer la inmunización incluso de esta forma tan contenida por suponer un límite a la libertad. De forma que el debate se centra en si es o no legítimo o legal exigir la vacunación con medidas coercitivas dirigidas contra aquellos que no desean vacunarse.

Este debate tendría algún sentido si entre nosotros la libertad fuera un valor supremo. Pero aquí la libertad está cada vez más restringida con mucha menor justificación que en el caso de las vacunas. Por ejemplo, Hacienda tiene derecho a investigar dónde residimos para determinar en qué lugar debemos pagar nuestros impuestos, algo que se justifica porque algunos contribuyentes alegan residir en lugares donde los impuestos son más bajos cuando en realidad residen en otros donde se paga más. Esa misma Hacienda tiene derecho a conocer los movimientos de nuestras cuentas corrientes para determinar si nuestras declaraciones fiscales son veraces. No sólo, sino que nos niegan el derecho a abonar en efectivo pagos que sean superiores a determinada cantidad para poder rastrear el dinero con el que los satisfacemos. Obligarnos a pagar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria significa que el Estado puede acumular toneladas de información acerca de nuestra vida económica y saber qué compramos y dónde. Nuestras comunicaciones están constantemente monitorizadas y el Estado puede saber lo que nos decimos o contamos los unos a los otros. Nuestras calles están cuajadas de cámaras que vigilan nuestros movimientos. Se supone que toda esta información sólo puede el Estado reunirla con autorización judicial. Pero tal autorización sólo sirve para poder emplear los datos recabados en un juicio. Nada le impide utilizarla, sin esa autorización, para otros fines.

En una sociedad así, ¿qué sentido tiene el debate sobre la obligación de vacunarse? Las vacunas no sólo salvan las vidas de los vacunados. Si fuera así, sería relativamente aceptable la libertad de vacunarse, aunque en materia de seguridad vial, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad o del casco son obligatorios no obstante estar exclusivamente destinados a proteger al usuario. La obligación de vacunarse es mucho más exigible porque no sólo protegen a los vacunados, benefician también a los que podrían contagiarse al entrar en contacto con no vacunados.

En una Europa donde se quiere obligar a que en los colegios se eduque a los niños en sexualidad LGTBI sin consideración a la opinión de los padres, resulta que las vacunas no pueden ser obligatorias. La única razón que se alcanza para que sea así es que, mientras los Gobiernos imponen sin tasa restricciones a las libertades que, por lo que sea, gozan de buena prensa, no se atreven a imponer otras tanto más necesarias por temor a que no sean igual de bienvenidas. Es difícil encontrar un caso de hipocresía mayor.

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