Donald Trump acaba de designar al juez que ha de cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Habiéndose negado el Senado a considerar siquiera la confirmación del candidato de Obama, hubo quienes votaron a Trump, a pesar de repugnarles el personaje, para que fuera un republicano quien cubriera la plaza y garantizara que el tribunal seguiría siendo de mayoría conservadora. El presidente ha elegido a un buen juez, Neil Gorsuch, que tiene sin embargo el intolerable defecto de interpretar las leyes por lo que dicen y no por lo que a la izquierda le gustaría que dijeran.
Alguna vez que me he quejado de la escasa independencia de la que disfruta el Poder Judicial entre nosotros porque a los altos cargos de la Magistratura los nombran los políticos, me han afeado el comentario alegando que eso ocurre igualmente en Estados Unidos y nadie duda de la limpieza de su democracia. Es verdad que Norteamérica disfruta de una gran democracia, pero en ella el modo en el que se garantiza la independencia del Poder Judicial no es lo más brillante. En cualquier caso, los nombramientos que se hacen en Estados Unidos son vitalicios, mientras que aquí los cargos más importantes se eligen por tiempo determinado. Esto permite repartir premios y castigos según se hayan portado los designados al final de sus mandatos. En segundo lugar, en Estados Unidos muchos de los nombramientos del presidente tienen que ser ratificados por el Senado. Se me dirá que aquí a veces el Congreso y el Senado eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional o a los miembros del Consejo del Poder Judicial. La diferencia es que allí los senadores son independientes y responden ante sus electores, mientras que aquí diputados y senadores tan sólo responden ante el partido, que es el que decide si van o no en las listas.
Por último y más importante, aunque allí los jueces resuelvan según su ideología, no lo hacen conforme a las órdenes de los políticos. Aquí también hay magistrados conservadores y progresistas en los altos tribunales, pero no para resolver conforme a sus ideas, sino para obedecer las instrucciones de los partidos que los nombraron. Pondré un ejemplo. Al Gobierno del PP le convino en una ocasión que el Tribunal Supremo ilegalizara a Herri Batasuna, y el Supremo la ilegalizó. Y luego a ese mismo Gobierno, que estaba negociando con ETA, le interesó que el Tribunal Constitucional revocara la sentencia del Supremo, y el Constitucional la revocó. Éstas no fueron resoluciones conservadoras o progresistas, fueron resoluciones obedientes.
El PSOE es el responsable de esta situación, pero el PP ha prometido en dos ocasiones repararla y no lo ha hecho. Al contrario, tanto Aznar como Rajoy han abusado cuanto han podido del sistema, sin importarles echar encima de la Justicia más barro del que ya le echó el PSOE. El sistema de nombramiento de jueces para altos tribunales no es lo mejor que tienen en Estados Unidos, pero que el equívoco no quede entre nosotros: el nuestro es peor.