El anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado que ha analizado este viernes el Consejo de Ministros constituye un paradigma de la esquizofrenia en la que vivimos. La nueva norma hace frente a un problema patente. La existencia de diecisiete legislaciones diferentes entorpece el tráfico económico. Cualquiera daría enseguida con la solución al mismo, restituir a la administración central cuantas competencias sean necesarias para que haya una legislación única aplicable en todo el territorio nacional. Pero eso no se puede hacer porque, como diría el torero, no se puede y además es imposible. No se puede porque según el catecismo de nuestra democracia las autonomías son democráticas y el centralismo es franquista. Y es imposible porque para imponer la unidad de mercado desde el centro habría que recuperar competencias que los estatutos de autonomía atribuyen a sus respectivas comunidades. Y nuestros políticos no están dispuestos a hacerlo por ninguno de los dos caminos posibles, la reforma de los estatutos o la de la Constitución.
Así que, como la unidad de mercado no se puede alcanzar de forma natural, esto es, desde el centro, el Gobierno ha dado con la fórmula magistral de lograrlo sin tocar nuestro abigarrado edificio constitucional. Ha establecido el principio de que todo producto o servicio fabricado o prestado de acuerdo con la normativa de la comunidad autónoma de origen es legal para comercializarse en toda España aunque no cumpla los requisitos establecidos por las legislaciones de las demás. O sea, que en Cataluña tendrán que dejar que se comercialicen productos fabricados en Murcia conforme a la legislación murciana por mucho que las leyes catalanas exijan el cumplimiento de unos requisitos que no se exigen en la ribera del Segura. Cuando lo vea, lo creeré.
Como esto va a ser un semillero de conflictos, que debe de ser que la conflictividad es algo conveniente a la unidad de mercado, la nueva ley crea el Consejo para la Unidad del Mercado, presidido por el ministro de Hacienda e integrado por los consejeros económicos de las Autonomías, a fin de limar asperezas. Y luego permite a los ciudadanos, cuando los multen por incumplir las normativas de otras comunidades a pesar de respetar las de la suya, acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Para qué? ¿Para imponer un criterio objetivo? Quia. Para que la Comisión acuda a los tribunales, que debe de pensar el Gobierno que, como tienen poco trabajo, están ansiosos de poder resolver los muchos conflictos que la ley provocará entre los ciudadanos y las comunidades autónomas.
Francamente, si el Gobierno no tiene valor para hacer lo que hay que hacer, que es quitar competencias a las comunidades autónomas, más le valdría no hacer nada, en vez de añadir una inútil ley más al elefantiásico magma por el que se rige nuestro Estado autonómico.