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ECUADOR

Apartheid laboral

El código laboral ecuatoriano –que es previo a Rafael Correa– parte de la idea de que es necesaria la intervención del Estado para proteger al trabajador del jefe. En ese sentido, Ecuador no es un caso extraño: creo que no existe un solo país cuya legislación laboral no que parta de ese supuesto.

Gabriela Calderón de Burgos
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El problema es cuando la regulación es tan compleja que se vuelve excluyente y crea un apartheid laboral: unos trabajadores están en el sector formal y gozan de las protecciones o privilegios establecidos en la ley, mientras los demás se ven relegados al sector informal. Y no es para preocuparse menos de los trabajadores informales, ya que, según un reporte de la OCDE, el 60% de los trabajadores del mundo laboran en la economía informal.

Más que un problema, el sector informal es la señal de que existe un mercado laboral formal con una regulación que no funciona para la mayoría de los trabajadores.

No obstante, cuando aquí, en Ecuador, se discute una reforma del mercado laboral, casi siempre se ignora a los que se desempeñan en el sector informal. Se crean nuevas rigideces en nombre de los trabajadores. Lo que no se dice es que hacerlo probablemente solo favorecerá a aquellos que ya tienen la fortuna de estar en el sector formal. Tampoco se dice (porque tal vez ni siquiera se considera) cómo cada nueva protección laboral encarece el ingreso al sector formal. Por ejemplo, cuando se sube el salario mínimo, los empleadores tienen un incentivo para crear menos puestos de trabajo, reducir los existentes, contratar por debajo de la mesa o reemplazar obreros con máquinas.

Como los trabadores informales son invisibles, uno podría pensar que son un grupo pequeño. Pero uno estaría equivocándose: en 2001 había más ecuatorianos empleados en el sector informal que en el formal. Según un estudio de Cordes que se publicará este año, aproximadamente el 60% de los trabajadores ecuatorianos están en el sector informal. Para el tercer trimestre de 2009, según Análisis Semanal de Grupo Spurrier, se habían perdido 200.000 empleos a tiempo completo, y muchos ecuatorianos habían perdido la esperanza de encontrar trabajo, es decir, se autoexcluyeron de la población económicamente activa (la cual se redujo en un 2,4% o 107.000 ciudadanos en relación al tercer trimestre de 2008). Es probable que éstos fueran relegados a la economía informal debido a la mayor exclusividad del sector formal derivada del Mandato 8 de la Constituyente y al aumento constante del salario mínimo.

No conozco estudio alguno que haya demostrado la relación causal entre el aumento de la rigidez laboral y el creciente desempleo y subempleo durante este gobierno. Pero, a escala mundial, sabemos que una regulación más rígida del trabajo está asociada con una mayor informalidad y con un desempleo más alto, especialmente entre los jóvenes. Además, ya van tres años de hacer más rígida la política laboral, y todavía la mayoría de los trabajadores ecuatorianos, los informales, sigue siendo invisible. La ley y los políticos continúan ignorándola y haciéndole más difícil el ingreso al sector formal.


© AIPE

GABRIELA CALDERÓN, editora de El Cato.
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