Aprovechando mi corta estadía compré los principales diarios, entre ellos El Universo, medio éste que con mucha valentía defendía la democracia y se oponía de forma crítica al gobierno, denunciando sus torpezas. Aquel día, la columna de Emilio Palacio señalaba con razón que el sí implicaba dar carta libre a Rafael Correa para que entrometiera en la justicia.
Jamás imaginé que meses después este periodista, exeditor de Opinión del ese diario, iba a ser sentenciado a tres años de prisión, junto con otros tres directivos de El Universo, y a pagar una millonaria indemnización.
El caso Universo es inadmisible, coarta la libertad de opinión en todo su sentido. Los periodistas de América Latina estamos indignados y levantamos nuestra más enérgica protesta contra esta exageración y reacción desproporcionada del presidente ecuatoriano, que trata de silenciar a quienes piensan distinto o critican su régimen, oscureciendo así la posibilidad de ayudar a la sociedad a tener una visión clara de la realidad política del país.
La libertad de expresión no solo es un derecho inalienable, que permite criticar con absoluta libertad los errores cometidos por el gobierno de turno de un país, también la base del sistema democrático y un valor indiscutible de la sociedad moderna.
No es posible que la opinión libre sea penalizada, ni que se intente suplantar la búsqueda de la verdad por la censura. La libertad de expresión no es negociable, simplemente no tiene precio.
Ahora vemos que, después de que el sí triunfara en el referéndum, no sólo hay claras presiones políticas al poder judicial, sino una vergonzosa intromisión en la libertad de prensa.
Las prácticas del gobierno de Correa son propias de una dictadura y se asemejan a las de otros países cuya ideología hace mucho daño a América Latina.
Si realmente pretende restituir sus credenciales democráticas, tan desgastadas a lo largo de estos años, Correa debe retractarse de la demanda que interpuso contra El Universo. El mandatario debe hacer una autocrítica sincera sobre los errores de su gestión y aclarar las dudas que aún quedan flotando desde aquel 30 de setiembre, día en que se cometieron delitos de lesa humanidad.
Los periodistas y la sociedad civil exigimos respeto por las ideas. Esperamos que la sociedad ecuatoriana vigile este derecho, porque de lo contrario sería un penoso retroceso al pasado, y salga a las calles a protestar contra este tipo de hechos deleznables.
Quienes trabajamos en medios de prensa sabemos de antemano que nuestro principal compromiso con el ciudadano es informar con la verdad, aunque eso disguste o incomode a ciertos sectores del entorno gubernamental.
Aunque no se lo proponga, el presidente de un país siempre transmite un mensaje con su manera de actuar. Los políticos tienen el deber ético de dar ejemplo. El primer paso para una educación cívica de calidad es que los políticos, y sobre todo los jefes de Estado, sean más tolerantes con las críticas de los medios de comunicación. No podemos transmitir a las futuras generaciones el mensaje erróneo de que debemos bajar la cabeza ante una dictadura que no respeta la Constitución y la democracia.
Sin libertad de expresión, la sociedad está condenada a la ceguera y a vivir en un entorno lúgubre. Nuestros hijos deben heredar una sociedad capaz de defender su propia dignidad ante la vil amenaza de un Gobierno que a costa de todo pretende callar a quienes lo critican.