Cualquier gobernante con un mínimo de sentido de estado hubiera llevado a cabo esas reformas en los albores de la crisis, pero Zapatero jamás estuvo dispuesto a sacar de su molicie subvencionada a sus amigos sindicalistas, no se le fueran a enfadar. Es más, Rodríguez ha disfrutado mucho en estos años de paz social, es decir, de completa inacción, a cuya extensión en el tiempo ha contribuido con sus declaraciones reiterativas de que jamás, jamás, jamás iba a producirse en España una reforma laboral que limitara los derechos sociales de los trabajadores.
Cuando la catástrofe es ya absoluta, al gobierno le ha entrado una prisa terrible por aprobar unas reformas que nuestra economía lleva años pidiendo a gritos. No por sentido del deber, claro, sino porque se lo exigen las instituciones internacionales, que ven a nuestro presidente como un activo tóxico cuya cotización hay que vigilar de cerca para evitar que contamine al resto del continente.
Y como nuestro presidente hace gala siempre de un gran talante y es un apasionado del diálogo, ha amenazado con hacer la reforma por decreto si es que los agentes sociales no llegan a un acuerdo previo en las coordenadas que el propio presidente, ese gran economista, ha diseñado. Y ahí tenemos como malos estudiantes a Díaz Ferrán, a Cándido y a Toxo intentando hacer en dos semanas lo que no han sido capaces de hacer en los dos largos años que llevan, supuestamente, negociando, no se sabe qué.
Lo que revela todo este asunto es, por una parte, que padecemos el gobierno más inepto de la historia del Occidente civilizado, un gobierno incapaz de llevar a cabo unas reformas que si en tiempos de bonanza económica eran necesarias, en el actual contexto de crisis resultan vitales. En segundo lugar, lo que demuestra este ajetreo improvisado es que ni los sindicatos ni la patronal tienen la menor representatividad, aunque en los telediarios de las cadenas nacionales los presenten como si fueran unos padres de la patria elegidos por sufragio popular.
Tenemos unos sindicatos que, cada año, sacan del bolsillo de los trabajadores españoles más de doscientos millones de euros; unos sindicatos a los que no les preocupa la falta de empleo, sino que los parados reciban un mísero subsidio del gobierno y así sepan a quién tienen que votar. En cuanto a la patronal, presidida por un empresario peculiar cuya especialidad parece ser la de colocar en suspensión de pagos toda empresa que cae en sus manos, su principal éxito es haber creado junto a sus colegas de negociación la llamada Fundación Tripartita, encargada de organizar cursos de formación y reciclaje cuya inutilidad para encontrar para la inserción laboral es más que notoria. Gestionar cada año más de 2.200 millones de euros, y apropiarse un 3% en concepto de gastos, es un negocio sólo equiparable al de los administradores profesionales de grandes fondos de inversión, salvo que a los que manejan el cotarro síndico-empresarial el resultado de su gestión les trae al pairo, ya que sus ingresos no dependen de ella.
Cómo será de patético el papel que están desempeñando los sindicatos y la patronal, que hasta un ser vivo con tan poco sentido del deber como Zapatero está a punto de dejarlos de lado para hacer una reforma laboral... que, conociéndolo, puede ser mucho peor de lo que hubiera surgido de forma natural si las negociaciones hubieran llegado a alguna vez a buen puerto... allá por 2018.
Zapatero, obviamente, no va emprender su tímida reforma laboral porque la crea necesaria para sacarnos de la crisis. Mientras haya subsidios y dinero para el PER, la situación de más de cinco millones de parados no es algo que le preocupe. Ocurre, sin embargo, que para pagar esos subsidios e intentar ganar las próximas elecciones necesita un dinero del que ahora carece, y la única forma de que se lo presten pasa por que ofrezca a las instituciones europeas un gesto que le haga parecer un gobernante que, por fin, comienza a preocuparse por la catástrofe absoluta que él mismo ha provocado.
Si consigue timar a los inversores europeos y colocar los 25.000 millones de deuda pública previstos para el mes que viene, nuestros agentes sociales pueden estar tranquilos, porque ninguna de las amenazas de decretazo laboral se llevará a efecto.
Para que no nos falte de na, que dirían los Cantores de Hispalis, el decreto verá la luz el próximo día 16, justo el día en que la Selección se estrena en el Mundial de Suráfrica; como si los españoles fuéramos los más torpes del parvulario o formáramos parte del consejo de ministros. ¿Cabe mayor astracanada? Por supuesto que sí. En esto de ponerse en ridículo, el gobierno se supera a sí mismo con extraordinaria facilidad. Es sólo cuestión de esperar unos días.
Cuando la catástrofe es ya absoluta, al gobierno le ha entrado una prisa terrible por aprobar unas reformas que nuestra economía lleva años pidiendo a gritos. No por sentido del deber, claro, sino porque se lo exigen las instituciones internacionales, que ven a nuestro presidente como un activo tóxico cuya cotización hay que vigilar de cerca para evitar que contamine al resto del continente.
Y como nuestro presidente hace gala siempre de un gran talante y es un apasionado del diálogo, ha amenazado con hacer la reforma por decreto si es que los agentes sociales no llegan a un acuerdo previo en las coordenadas que el propio presidente, ese gran economista, ha diseñado. Y ahí tenemos como malos estudiantes a Díaz Ferrán, a Cándido y a Toxo intentando hacer en dos semanas lo que no han sido capaces de hacer en los dos largos años que llevan, supuestamente, negociando, no se sabe qué.
Lo que revela todo este asunto es, por una parte, que padecemos el gobierno más inepto de la historia del Occidente civilizado, un gobierno incapaz de llevar a cabo unas reformas que si en tiempos de bonanza económica eran necesarias, en el actual contexto de crisis resultan vitales. En segundo lugar, lo que demuestra este ajetreo improvisado es que ni los sindicatos ni la patronal tienen la menor representatividad, aunque en los telediarios de las cadenas nacionales los presenten como si fueran unos padres de la patria elegidos por sufragio popular.
Tenemos unos sindicatos que, cada año, sacan del bolsillo de los trabajadores españoles más de doscientos millones de euros; unos sindicatos a los que no les preocupa la falta de empleo, sino que los parados reciban un mísero subsidio del gobierno y así sepan a quién tienen que votar. En cuanto a la patronal, presidida por un empresario peculiar cuya especialidad parece ser la de colocar en suspensión de pagos toda empresa que cae en sus manos, su principal éxito es haber creado junto a sus colegas de negociación la llamada Fundación Tripartita, encargada de organizar cursos de formación y reciclaje cuya inutilidad para encontrar para la inserción laboral es más que notoria. Gestionar cada año más de 2.200 millones de euros, y apropiarse un 3% en concepto de gastos, es un negocio sólo equiparable al de los administradores profesionales de grandes fondos de inversión, salvo que a los que manejan el cotarro síndico-empresarial el resultado de su gestión les trae al pairo, ya que sus ingresos no dependen de ella.Cómo será de patético el papel que están desempeñando los sindicatos y la patronal, que hasta un ser vivo con tan poco sentido del deber como Zapatero está a punto de dejarlos de lado para hacer una reforma laboral... que, conociéndolo, puede ser mucho peor de lo que hubiera surgido de forma natural si las negociaciones hubieran llegado a alguna vez a buen puerto... allá por 2018.
Zapatero, obviamente, no va emprender su tímida reforma laboral porque la crea necesaria para sacarnos de la crisis. Mientras haya subsidios y dinero para el PER, la situación de más de cinco millones de parados no es algo que le preocupe. Ocurre, sin embargo, que para pagar esos subsidios e intentar ganar las próximas elecciones necesita un dinero del que ahora carece, y la única forma de que se lo presten pasa por que ofrezca a las instituciones europeas un gesto que le haga parecer un gobernante que, por fin, comienza a preocuparse por la catástrofe absoluta que él mismo ha provocado.
Si consigue timar a los inversores europeos y colocar los 25.000 millones de deuda pública previstos para el mes que viene, nuestros agentes sociales pueden estar tranquilos, porque ninguna de las amenazas de decretazo laboral se llevará a efecto.
Para que no nos falte de na, que dirían los Cantores de Hispalis, el decreto verá la luz el próximo día 16, justo el día en que la Selección se estrena en el Mundial de Suráfrica; como si los españoles fuéramos los más torpes del parvulario o formáramos parte del consejo de ministros. ¿Cabe mayor astracanada? Por supuesto que sí. En esto de ponerse en ridículo, el gobierno se supera a sí mismo con extraordinaria facilidad. Es sólo cuestión de esperar unos días.