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ESCRITOS CONTRA CORRIENTE

Las verdades oficiales y las verdades del barquero

En la época gloriosa de la Universidad de Salamanca se podía pasar el Tormes por el puente romano mediante un oneroso pontazgo. Los estudiantes acudían al expediente alternativo de un barquero que hacía las veces de humilde transbordador del río. Se cuenta que un estudiante, tan impecune como espabilado, llegó hasta el barquero con la pretensión de que lo pasara gratis en la barca.

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El acuerdo fue que, a cambio, el estudiante le diría tres valiosas verdades. Estas fueron las tres verdades: Primera: "Pan duro más vale duro que ninguno". Segunda: "Zapato malo más vale en el pie que no en la mano". Tercera y definitiva: "Dime, barquero, si a todos los pasas como a mí, ¿cómo es que sigues en este oficio?". La historia no nos dice cuál fue la reacción del barquero.
 
Desde entonces, "las verdades del barquero", o mejor dicho, las del estudiante espabilado, han quedado como las populares, ingenuas o de sentido común. Vienen a ser las verdades que sueltan las personas corrientes con un cierto grado de atrevimiento y hasta de insolencia. Se pueden expresar francamente, pero con el riesgo de molestar al interlocutor. El cual puede quedar un poco en ridículo. Se contraponen a las verdades oficiales, las que se presentan como indiscutibles y se consideran casi como reveladas. En cuyo caso la vida pública se puede describir así: no es lo que parece.
 
En el discurso de los gobernantes, y a veces también de los políticos de la oposición, se dejan caer las verdades oficiales para justificar los intereses de los que mandan o van a mandar. Mi misión aquí: desvelar el carácter falaz de algunas verdades oficiales en la España actual, denunciar su vana pretensión taumatúrgica. Lo mejor será contraponerlas a las verdades del barquero, es decir, las que se le espetan al barquero simplón. El barquero es un símbolo del poder.
 
Es innúmero el repertorio de verdades oficiales, las que no se discuten como si fueran axiomas, declaraciones infalibles. Basta leer los textos de las leyes recién promulgadas o los discursos últimos de los políticos para vislumbrar el carril de las verdades oficiales.
 
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Por ejemplo, la declaración de la ETA con el acuerdo de "alto el fuego" en abril de 2006. Oficialmente fue una "buena noticia" que se recibió con esperanza porque anunciaba el "principio del fin" de la banda terrorista. Pero el pueblo sabio enseguida fue consciente de la falsedad de esa verdad oficial. No puede ser una buena noticia que la banda terrorista sea reconocida como un sujeto político, incluso de alcance internacional. De ese modo acapara la atención de los medios y el respeto de los gobernantes. La buena noticia habría sido que los terroristas vascos se entregaran a la Justicia, pidieran perdón y devolvieran las armas y todo el dinero robado. Pero nada de eso ha sucedido ni es probable que suceda. En cuyo caso la verdad oficial sobre el particular se mantiene como si fuera un dogma.
 
El hecho de que los terroristas vascos (piadosamente denominados etarras) impongan condiciones a los políticos y a todos los españoles se denomina oficialmente proceso de paz. No pasa de ser una artera forma de chantaje. Los continuados crímenes de la banda de facinerosos vascos aparecen meramente como una forma de violencia junto a otras, incluso como respuesta a la violencia legítima por parte del Estado. Es algo que seguramente avergüenza al grueso del honrado pueblo vasco.
 
Una persistente verdad oficial en torno al terrorismo es que el Gobierno francés viene colaborando estrechamente con el Gobierno español en la lucha contra la ETA. Pero no se entiende entonces cómo es que, desde hace medio siglo, los cabecillas del terrorismo vasco siguen alojados en Francia. Es evidente que esa localización les da algún tipo de seguridad. La citada colaboración entre los gobiernos de Francia y España es simplemente una verdad oficial más, es decir, una forma de mendacidad.
 
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El suceso político más grave de los últimos años ha sido el intento de disolución de España. Quizá estemos en el "principio del fin" de la nación española por arbitraria decisión del Gobierno después de las presiones de los nacionalistas. La gravedad está en que se ha hecho sin consultar a los españoles. Se ha dejado que se desguace la nación española por iniciativa de los que no se sienten españoles.
 
Inexplicablemente, el Gobierno de España se ha aprestado a esa operación liquidadora a cambio de no se sabe qué; quizá la seguridad de mantenerse en el poder. Sin cambiar la Constitución, resulta que ya no hay una única nación española. Seguramente fue la que primero surgió en Europa, junto a la portuguesa, hace medio milenio. Al menos se puede comprobar que las fronteras de la península Ibérica, con minúsculos retoques, son las más antiguas de Europa. La verdad oficial no reconoce esas verdades del barquero respecto al desmembramiento de la nación española. En su lugar propone que, sin cambiar la Constitución, España pase a ser una "nación de naciones". Difícil concepto ese que no tiene parangón en el mundo occidental.
 
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José Bono.En principio podría parecer chocante que el Gobierno de España se inclinara por descomponer la nación española. Para mitigar ese posible asombro, el presidente Zapatero ha hecho ver, durante los dos primeros años de su mandato, que uno de sus ministros, José Bono, era más patriota que nadie. Pero solo lo era en el plano retórico. Se trataba de un patriotismo zarzuelero. De nuevo se tapaba la realidad con el manto de la verdad oficial. Es inevitable el recuerdo de la famosa frase atribuida al escritor inglés Samuel Johnson, de finales del siglo XVIII: "El patriotismo es el último refugio de los canallas". Claro que en ese caso el patriotismo se convierte en su caricatura, el patrioterismo. Una y otra vez volvemos al principio: no es lo que parece. En cuyo caso resulta pertinente la investigación de la verdad como un intento de desvelar lo que está tapado. Lo opaco es precisamente la verdad oficial.
 
La verdad oficial es que el País Vasco, Cataluña y las otras regiones llamadas "históricas" (las que tienen dos lenguas) no caminan hacia la independencia. Sin embargo, el sentido común nos dice que ese camino ya se ha tomado y es irreversible. Así lo determina la política actual. Por lo menos se prueba que existe un propósito de erradicar el idioma español de esas nuevas naciones. Otra cosa es que se consiga tamaño disparate, sobre todo si no se da el salto de sustituir el español por el inglés. Esa fue la solución que se adoptó en Filipinas hace más de un siglo. Alguien la propondrá en alguna parte de lo que fuera España.
 
Aun sin alterar la Constitución, el Gobierno actual se ha propuesto nada menos que trastocar el régimen político que se dieron los españoles en 1978. Obsérvese que oficialmente, cuando se habla del franquismo, se dice "el régimen anterior". Luego lo que le sucede y sobre todo lo que se prepara es un nuevo régimen. En efecto, no otra cosa es la "nación de naciones", sea lo que cada uno quiera que signifique. No es solo un artificio constitucional. En la realidad de las cosas todo apunta a la implantación silenciosa de ese nuevo régimen.
 
Por ejemplo, un principio no escrito es que los deseos de los grupos organizados que tocan poder se convierten en derechos, naturalmente inalienables. Ese mecanismo favorece a grupos tan dispares como los "colectivos" homosexuales, feministas o nacionalistas. Realmente, cuando se pone el énfasis en los derechos colectivos, los individuales quedan arrumbados. El proceso llega hasta el ridículo cuando esos derechos colectivos se conceden a los monos.
 
Resulta extraño que los gobernantes que trastocan la Constitución de 1978 no reconozcan que están levantando un nuevo régimen, un "orden nuevo", como se decía en tiempos de Miguel Primo de Rivera. Al menos los autoritarismos de aquella época estaban orgullosos de "lo nuevo". Quizá el error de 1978 fue lo que se llamó "café para todos". Todas las regiones venían a ser "nacionalidades". La reacción fue que Cataluña o el País Vasco –por ser "históricas"– han pasado a ser "naciones". Pero ahora ha empezado la estampida y todas las nacionalidades van a querer ser naciones o realidades nacionales. El efecto inmediato es que Cataluña y el País Vasco van a ser Estados. En definitiva, lo que llamamos España ya no lo es. Tiene mérito toda esa transmutación sin cambiar una coma de lo que enfáticamente se llama Carta Magna.
 
Un obstáculo para la implantación del nuevo régimen sin cambiar la Constitución es la existencia misma del Partido Popular. Hay que laminarlo como sea; esa es la obsesión del Gobierno socialista aliado con los nacionalistas. Pero si se eliminara la presencia del PP, el resultado sería lo más parecido a una dictadura nacionalista de izquierdas. Algo así es lo que funciona en Cuba o en Venezuela, dos regímenes vistos con simpatía por el actual Gobierno español. La condición mínima para ese régimen de dictadura es que no haya alternancia posible en el Gobierno por parte de los partidos más votados. Se dirá que eso no es posible en una democracia. Vaya si es posible. En los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o País Vasco no ha habido alternancia durante toda la etapa democrática. Al paso que vamos, tampoco la habrá en el Gobierno español, si es que en el futuro va a caber esa entidad.
 
Una regla no escrita de las democracias es que los dos principales partidos deben estar dispuestos a una pacífica alternancia en el Gobierno. Para ello es necesario que se entiendan en aspectos básicos. Eso es lo que se llamó "consenso" y que funcionó, mal que bien, desde 1978 hasta 2004. No solamente se ha roto ese consenso básico, sino que entre los dirigentes socialistas y populares rige el odio y el resentimiento más exacerbados. No son adversarios, sino enemigos, por mucho que los votantes de uno u otro partido no se diferencien gran cosa entre ellos. No es que no se vean mucho los líderes de los dos principales partidos; es que no se pueden ver los unos a los otros.
 
Aunque el presidente Zapatero manifiesta una enfermiza nostalgia republicana, la Segunda República no puede pre­sentarse como un modelo de progreso y libertad. Aun así, en algún caso la situación reciente ha evolucionado a peor. Por ejemplo, en la Segunda República pudo caer un Gobierno por un nimio escándalo de corrupción (el "estraperlo"). En la actual democracia los casos de corrupción son mayúsculos y no pasa casi nada. Por ese lado la degradación no puede ser más irritante.
 
Lo grave de la nostalgia republicana es que alcanza a la Guerra Civil. Resulta inquietante que el PSOE reivindique la experiencia de su partido en el ominoso tiempo de la Guerra Civil, pero así es. Recordemos que el PSOE fue uno de los grandes perdedores de aquel disparate, después de contribuir a urdirlo. Hay otros precedentes en los que las guerras civiles, sobre todo del lado de los perdedores, se convierten en símbolos de exaltación colectiva.
 
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Si se cumplen los propósitos de Zapatero de constituir un régimen sin pasar por las previsiones constitucionales, su intento estaría próximo a un golpe de estado desde el mismo Estado. El supuesto es tan terrible que solo lo desearían contados españoles. Quien lo sostuviera hasta el final podría ser acusado alguna vez de alta traición. Claro que ese crimen no sería perseguible si España dejara de serlo. Quizá haya un precedente de esa extravagante acción: el golpe incruento de Miguel Primo de Rivera en 1923. También entonces se alteró sustancialmente la organización del Estado sin derogar formalmente la Constitución.
 
Se podría pensar que actualmente estamos ante un período revolucionario de nuestra historia política, tan radicales son las rupturas que se proponen. Sin embargo, la paradoja es que subsisten muchos residuos del franquismo. Por ejemplo, es evidente que en la actual democracia se ha afianzado el corporativismo sindical que albergó el franquismo. Los dos sindicatos mayoritarios actuales funcionan como corporaciones de Derecho público que cumplen una función consultiva de los Gobiernos. Los sindicatos dominantes no pretenden tener muchos afiliados, sino mantener un buen plantel de expertos que puedan negociar con la Administración pública. Es una extraña supervivencia del nacionalsindicalismo. No menor resto del franquismo es la estructura autoritaria de los partidos políticos. De ese modo se explica la anomalía de que no exista nada parecido a un partido franquista.
 
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José Luis Rodríguez Zapatero.La extraña forma de ideología imperante en España es lo que se ha llamado el "buenismo", al decir de algunos críticos asociados a FAES, el "pensadero" del Partido Popular. El "buenismo" es lo que caracteriza personalmente al presidente Zapatero. Viene a ser una suerte de pietismo sin religión, de moralismo amoral. Resalta el gesto, el rasgo, el talante, la sonrisa, el diálogo, el arte suasoria. Es decir, prima la forma sobre el contenido, el sentimiento sobre la razón, la retórica sobre la acción. Llamar a todo eso "buenismo", aun con ironía, es ya un punto de condescendencia.
 
Aunque con la etiqueta socialista, al credo zapateril no le interesan las reformas igualitarias. En su lugar, propone reformas de costumbres (como el matrimonio de los homosexuales) o utopías bienaventuradas (como la paz universal o los derechos humanos de los animales). Del texto de la Constitución de Cádiz solo conserva el deseo de que los españoles sean justos y benéficos.
 
Los comentaristas de la vida política se han enmarañado tratando de analizar el fundamento teórico de la ideología del presidente Zapatero. Es inútil. Detrás de tal epónimo del progresismo no hay nada; simplemente la exaltación de lo cursi. Mérito tiene el haber conseguido que lo cursi adquiera categoría de modo de gobernar y hasta de doctrina política. El éxito se asegura porque la sociedad española tolera un gran espacio para lo pretencioso y ridículo, lo amanerado e insustancial.
 
Sea "buenista" o cursi, el hecho es que el talante de Zapatero y de sus acólitos tiene un sorprendente grado de aceptación social. Es la corriente que domina en el fluir de la vida pública. Por eso se aceptan con resignación decisiones tan contrarias al interés general como desmantelar el archivo de Salamanca o abortar el trasvase del Ebro a las otras cuencas mediterráneas. Esas decisiones arbitrarias y arbitristas son congruentes con el propósito de mayor calado que supone descuartizar el cuerpo de España.
 
A una poderosa facción del progresismo y del nacionalismo le repele la misma idea de la nación española. En todo caso, acepta la idea de España como territorio sin Historia común. Los niños de las escuelas o los diplomáticos de la carrera por excelencia ya no tienen que estudiar Historia de España. Pero esa Historia sigue haciéndose. No hay más que verla y vivirla para seguir pensando con los ojos.
 
 
Este texto es un fragmento del capítulo 1 de ESCRITOS CONTRA CORRIENTE (Espasa), el más reciente libro de nuestro columnista AMANDO DE MIGUEL, con quien podrán chatear nuestros lectores el lunes 2 de octubre entre las 17 y las 18 horas.
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