Viene esto a cuenta de quitar de una vez por todas cualquier legitimidad al gabinete socialista sobre el descubrimiento de un fenómeno supuestamente nuevo, la violencia de género, del que igualmente vende el remedio adecuado, esa ley que ha roto la igualdad de los españoles ante la ley. Nada más lejos de la realidad.
El 2010 fue un annus horribilis en materia de asesinatos de mujeres, y éste ha empezado de manera verdaderamente espantosa. Todo hace pensar que la cosa va a peor, y no saben cómo actuar. Todos los tratamientos posibles se han quedado en el latiguillo que repetía el ministro: "Las mujeres... ¡que denuncien, por favor! ¡Que denuncien!".
Este consejo, en principio adecuado, porque toda mujer maltratada debe dejar de serlo y todo maltratador debe de ser crujido, puede convertirse sin embargo en una incitación imprudente. El ministro debe ser consciente de que pone a las mujeres en peligro. El último asesinato a hachazos tuvo por víctima a una mujer que había denunciado y por victimario a un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento; la mujer, además, había pedido tele-asistencia, pero se le había denegado. Es decir, que la última asesinada seguía escrupulosamente los consejos del Ministerio del Interior, y a pesar de ello la han asesinado. No es la primera vez que pasa algo así.
Encima, en este último caso abunda la confusión. Así, encontramos a una empresa privada de seguridad y a la Federación de Municipios, que preside Pedro Castro, alcalde de Getafe, que nadie sabe bien qué papel desempeña aquí: sea como fuere, parece que la política criminal de este gobierno funciona con subcontratas.
Por lo visto, en la estrategia gubernamental también interviene la idea peregrina del desaparecido Ministerio de Igualdad de cambiar el encierro en la cárcel por un cursillo de reinserción; en este caso, solo sirvió para permitir al asesino buscar a su víctima con toda impunidad. Rubalcaba reflexiona ante las cámaras: algo ha fallado aquí. ¡Desde luego! ¡El Ministerio del Interior!
En el Ministerio del Interior seguramente tienen buenas intenciones, pero, con medios escasos, no ofrecen más que un policía para trescientas denuncias. Carecen de un medidor fiable de la peligrosidad (a la asesinada a hachazos la dieron por segura), y los medios que tienen no acaban de funcionar: véanse las pulseras para maltratadores.
De modo que, si denuncia, corra; si se defiende, corra; si la amenazan, corra; si no se siente segura, corra. Si el ministro le dice que denuncie, ¡corra!