Nuestro mercado laboral padece varias dualidades, pero creo que la más grave es la que divide entre trabajadores públicos y privados. Está empezando a calar el peligroso mensaje de que si un empleado forma parte de una plantilla de una administración o empresa pública es intocable, independientemente de las circunstancias que atraviese su organización. Sin embargo, todos sabemos que muchos trabajadores de empresas privadas han perdido su empleo debido a las malas circunstancias económicas. Como también sabemos que hay muchos empresarios que prácticamente no pueden dormir debido a que tienen dificultades para mantener vivas sus compañías y otros muchos se han visto obligados a cerrar, con la consiguiente frustración vital e incluso su ruina personal. Pues bien, todas estas circunstancias desaparecen cuando hablamos de lo público.
Si una empresa privada o un ciudadano no paga sus impuestos en los plazos oficiales, inmediatamente la máquina recaudadora se lanza sobre él sin piedad. Si unos ejecutivos no tienen el éxito esperado en un proyecto empresarial, son cesados de inmediato. Pero nada de esto sucede si nos encontramos en el terreno de lo público. Si se dirige, pongamos por caso, un ayuntamiento y no cuadran las cuentas, no hay que preocuparse. Se continúa funcionando como si no pasara nada, se deja de pagar a la Seguridad Social y se espera tranquilamente a que venga otra Administración a pagar la deuda; y, además, continúan los gestores. "El Estado del Bienestar no podemos desmantelarlo", suelen afirmar estos caraduras como parapeto ante cualquier crítica que pueda surgir. Como si la sanidad o la educación estuvieran exentas de una gestión seria y rigurosa porque las pagamos entre todos. En cualquier caso, alguien me tendría que explicar qué tiene que ver el llamado Estado de Bienestar con, por ejemplo, el Consejo Económico y Social que tienen cientos de ayuntamientos, o a qué se dedican las concejalías de Sanidad cuando se trata de una competencia exclusiva de las CCAA, o por qué aquí necesitamos más asesores que Alemania y el Reino Unido juntos.
Viene todo esto a cuento de unas declaraciones que he escuchado referentes al conflicto de las basuras de Madrid. Un representante de los trabajadores increpaba a la alcaldesa, Ana Botella, asegurando que había priorizado el coste de la limpieza de la ciudad sobre el empleo de las concesionarias. No voy a manifestar ahora mi opinión sobre su gestión del conflicto, manifiestamente mejorable, pero no veo que eso sea un problema. Precisamente es lo único que me parece plausible de su gestión. El Ayuntamiento de Madrid, que continúa abarrotado de asesores con ocupación desconocida, tiene la responsabilidad de gestionar la limpieza de la ciudad con la máxima eficiencia. Es decir, el municipio debe mantenerse cada día como los chorros del oro, al mejor precio posible. El hecho de contratar una empresa privada para acometer esta labor es una primera garantía, pero no basta con eso. La segunda parte debe ser vigilar el coste, básicamente, porque se paga con el dinero de todos y no le sobra a nadie.
Pretender que ese servicio, o cualquier otro, lo desarrolle una empresa pero se intervenga en su gestión con la exigencia de que haya un número determinado de trabajadores está muy cerca del robo a todos para favorecer a unos pocos. Por esa regla de tres podríamos exigir lo mismo, por ejemplo, en el mundo de la seguridad. Sólo se otorgarán las contratas de los servicios de seguridad de las numerosísimas instituciones públicas a aquellas empresas que tengan muchos trabajadores. Si una empresa apuesta por dos vigilantes por planta y otra, en cambio, lo hace por el doble, pues otorguemos la concesión a la última.
Me parece una rotunda barbaridad, lo cual no significa que me despreocupe de la creación de empleo. Nuestro desempleo es el problema más grave de España tanto desde el punto social como desde el económico. Detrás de esas cifras existen auténticas tragedias familiares de la que no podemos desentendernos, porque es un problema de todos directa o indirectamente. Pero la solución no puede ser repartir miserias o mantener empleos de forma ficticia. Eso sí que es empleo precario.
La gran labor de las administraciones públicas del futuro, que ya está aquí, es garantizar la libertad y, dentro de ella, el espíritu emprendedor eliminando obstáculos al crecimiento y la creación de empresas, así como vigilar que exista la libre competencia y asegurarse de que todo se desarrolla dentro de un marco jurídico seguro y exigente. Nada más. Bueno, no olvidemos que esa importante función incluye no machacar a los ciudadanos con pesados impuestos para pagar no se sabe muy bien qué.