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Boquete judicial, policial y estatal

El denominador común de las víctimas es la ausencia de espíritu de venganza o de revancha. Ello sin que todas manifiesten sus deseos de conocer la verdad de los hechos y la aplicación de la justicia a los instigadores, autores o colaboradores.

Gabriel Moris
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Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre se celebró en París el VII Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. Este congreso se organiza periódicamente por iniciativa del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad CEU San Pablo con la colaboración de organismos nacionales e internacionales. Por el ámbito del mismo y por el número de países representados es una buena atalaya para auscultar la problemática que plantea la lacra del terrorismo tanto a nivel personal como a nivel colectivo.

En esta ocasión causó una fuerte conmoción entre los asistentes la intervención de una víctima directa de los Atentados de Madrid. Curiosamente la intervención ha sido ignorada por los medios de comunicación estatales y paraestatales. Sólo se han hecho eco de ella los pocos medios que luchan, a vida o muerte, por mantener su independencia de los dictados que emanan de los llamados poderes públicos. Me refiero a Esther Sáez, una joven farmacéutica alcalaína que, además de narrar su dura peripecia vital a raíz del fatídico atentado de los Trenes de Cercanías, tuvo la gallardía humana de expresar públicamente su actitud de perdón hacia los terroristas. Ello no le impidió decir

"urbi et orbi" que en el 11-M hay un "boquete judicial" ya que no sabemos quién pensó y planificó el atentado, quiénes pusieron las bombas, quién dio la orden de destruir los trenes ni quién impidió analizar todas las huellas del mismo.

La presencia de los Principes de Asturias, del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y de la Comisaria de Justicia del Parlamento Europeo, Viviane Reding, así como sus intervenciones, pusieron de manifiesto públicamente la voluntad de la Justicia de legislar y aplicar las leyes en torno al terrorismo como un elemento disuasorio y de reparación de los daños que el terrorismo causa en las victimas y en la sociedad. Desgraciadamente en España, y en este caso de los atentados del 11-M, no creo que ninguna autoridad judicial pueda demostrar la eficacia ni la eficiencia de la misma; el boquete judicial lo ve cualquier persona que quiera analizar lo ocurrido.

El azar deparó a su familia, a los que hemos tenido la suerte de conocerla y a la sociedad, la alegría de poder disfrutar de los valores que la enriquecen y adornan. Inevitablemente, su presencia y sus palabras me hacen rememorar más si cabe la pérdida de mi hijo y de sus 191 compañeros de viaje. ¡Cuanta riqueza y sentimientos perdidos en aras de la inmundicia sobrevenida! ¿Nadie siente la necesidad imperiosa de hablar, investigar, juzgar, condenar y prevenir algo tan horrendo como la masacre del 11-M?

Retomando la noticia inicial en el citado congreso, sus palabras fueron acogidas por la sala, repleta de personas del mundo entero, con un aplauso y una empatía fuera de lo común. Mi experiencia personal en ediciones anteriores de estos congresos internacionales es que existen aspectos comunes en todos los atentados y que son una ventana abierta que contrarresta el hermetismo al que algunos estados someten al terrorismo por razones inconfesables las más de las veces. Esos mismos estados hurtan a las víctimas del terrorismo, no sólo sus derechos ciudadanos, sino su capacidad para opinar como entes políticos o como sujetos para colaborar con la justicia.

El denominador común de las víctimas es la ausencia de espíritu de venganza o de revancha. Ello sin que todas manifiesten sus deseos de conocer la verdad de los hechos y la aplicación de la justicia a los instigadores, autores o a los que colaboran directa o indirectamente con el terror. La reparación del daño causado por los actores del mal debe ser igualmente exigible en todos los casos. Con frecuencia se habla de olvido y de perdón. Ambos creo que caen dentro del ámbito de la más profunda intimidad de cada persona. En ningún caso pueden ser suplantados por el estado.

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