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El crimen de nuestra democracia

Lo más grave es que ninguno de los tres poderes siente la necesidad de investigarlo, más bien se oponen a cualquier petición.

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Supongo que el título de este artículo generará en los lectores algún tipo de curiosidad. A mí no se me ocurre otro titular que refleje tan fielmente la realidad del crimen cometido por algunos y sufrido por las víctimas y la mayoría de los ciudadanos españoles aquel inolvidable once de marzo.

No es mi intención asociar lo ocurrido al régimen de convivencia que nos dimos en 1978, no; pero creo que tampoco podemos disociarlo de él. A lo que no podremos asociarlo nunca es a la dictadura que tuvimos hasta el año 1975. Creo que ningún régimen político puede aceptar que unos autores desconocidos puedan cometer un genocidio y quedar, no ya impunes, sino alejados de cualquier investigación. Más exactamente, protegidos de la misma.

Alguien puede pensar que lo ocurrido el 11-M está investigado, juzgado, sentenciado y ya no hay nada que hacer sobre el mayor crimen perpetrado en España y en Europa en tiempo de paz. No voy a polemizar con los que mantienen esta convicción, ellos tendrán sus razones para pensar así. Sólo les voy a pedir que nos demuestren, a los que pensamos de otra forma, que evidencien con hechos probados y contrastados sus razones para ello.

Mi intención, al iniciar esta reflexión, consiste en invitar a todos los lectores a pensar en el papel que un Estado democrático ha desempeñado y desempeña en el no esclarecimiento del mayor crimen del siglo XXI. Partimos del hecho de que los Atentados de los Trenes de Cercanías fueron planificados contra el pueblo que viajaba en una hora punta de tráfico y tres días antes de unas elecciones generales. La fecha elegida fue el día 11, que invita a asociarlo con los atentados del 11-S. El lugar elegido fue Madrid, la capital del Reino de España. El colectivo de viajeros era originario de más de treinta nacionalidades. No eran políticos profesionales, no era un grupo de privilegiados, eran fundamentalmente trabajadores y profesionales o estudiantes. Nadie podía imputarles la responsabilidad de ninguno de los problemas que sufría o sufre España, Europa o el mundo. La mayoría de las víctimas-reales y potenciales- eran y son los sostenedores del Estado y los votantes de nuestros representantes en las instituciones que calificamos de democráticas.

Por democracia entendemos el régimen político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del mismo a elegir y controlar a sus gobernantes. El artículo 15 de la Constitución recoge los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se citan el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral .

Creo necesario situar en el tiempo la fecha de los Atentados:

  • Se cometieron veinticinco años después del advenimiento de la democracia. Ya había sobrepasado la mayoría de edad.
  • La alternancia en el poder de los partidos mayoritarios era algo habitual; casi siempre, con el apoyo de los partidos nacionalistas, por mor de la gobernabilidad.
  • Las protestas por la guerra de Irak, el Prestige y las conversaciones de Perpiñán fueron hitos que precedieron al genocidio.
  • ETA simuló o intentó cometer atentados que no materializó y culminó su actuación con la furgoneta de Cañaveras.
  • El día de autos y siguientes hubo mentiras sobre la naturaleza del explosivo y de la autoría, pruebas falsas, detenciones erróneas -un autor material de 116 detenidos-, desaparición de los trenes, ataques a sedes del PP, pérdida de grabaciones de las estaciones, etc.

Pasados más de once años, España, que dio un ejemplo de solidaridad en la tragedia, no puede exhibir ante el mundo la tan cacareada unidad de los demócratas, ni la profesionalidad de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, ni la madurez de sus políticos, ni la independencia y rectitud del poder judicial. Si hoy seguimos sin conocer todos los autores, los móviles y los hechos y circunstancias, creo que sólo podemos imputar el crimen de lesa humanidad a todas y cada una de las instituciones del Estado. Lo más grave es que ninguno de los tres poderes siente la necesidad de investigarlo, más bien se oponen a cualquier petición, sea de las víctimas o de ciudadanos que reclaman sus derechos democráticos.

Después de lo que antecede bien podríamos recordar al 11-M como el crimen de nuestra democracia.

En España

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