No, nadie piense que voy a escribir sobre política. Hay personas más cualificadas que yo para escribir, incluso para vivir, de lo que hoy llamamos Ciencia Política. Si intento abordar parcialmente un tema como el que encabeza este escrito es por la incidencia que las decisiones y actuaciones políticas tienen en mi vida y en la de muchos ciudadanos que sufrimos –o nos beneficiamos de– la actuación de nuestras clases dirigentes.
España, por desgracia, lleva varias décadas siendo vapuleada por el terrorismo. El número de víctimas se cuenta por miles, no digamos ya el número de vidas y planes cambiados por el terror. Omito los daños materiales. Igualmente olvido las voluntades torcidas o doblegadas, incluso los planes de obras públicas y las políticas que han sido modificados a voluntad del terrorismo. Todo ello nos hace pensar que, pese a lo que pueda parecer, los objetivos del terrorismo se van cumpliendo en mayor medida de lo que sería deseable.
Este paulatino sometimiento a nuestros verdugos se nos justifica o se nos vende como un triunfo de la democracia y del Estado de Derecho. Nada más lejano de la verdad que estos cantos de sirena que oímos a menudo.
Al hablar de terrorismo hemos de pensar que es un fenómeno difícil de definir y más difícil aún de combatir. Pese a ello, presenta algunos rasgos distintivos. Me atrevería a citar algunos:
– Desafía a los poderes públicos para minar su legitimidad.
– Amedrenta a la ciudadanía o a colectivos concretos para cambiar voluntades.
– Impone sus exigencias por la fuerza, la sorpresa y el dolor.
Cualquiera que sea el origen y la finalidad del terrorismo, incluido el de Estado, las víctimas son siempre los perdedores directos, es decir, las personas que más lo sufren. Los daños son siempre impagables e irreparables.
De ahí la importancia del papel que deben desempeñar las víctimas en cualquier sociedad golpeada por la barbarie terrorista. Máxime cuando, como en España, nunca han aplicado la ley del talión ni se han opuesto a que el Estado de Derecho asuma plenamente el protagonismo en la lucha contra el terror y las responsabilidades que le asigna nuestro ordenamiento constitucional y jurídico.
En la España denominada democrática no ha habido nunca consenso a la hora de enfrentar el terrorismo desde las instituciones. Los partidos políticos no han tenido la altura de miras ni la honradez necesarias para entender que el terrorismo es el enemigo común de la sociedad a la que deben representar. Más grave aún, algunas formaciones exhiben posiciones más próximas y tolerantes con el terrorismo que con el imperio de la ley. Esta singular diferencia española respecto a las democracias occidentales quita credibilidad a nuestra pureza democrática y por tanto a nuestra política antiterrorista.
Desde diciembre del año 2000, en España los partidos mayoritarios han suscrito al menos dos pactos contra el terrorismo. El primero se denominó Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y tenía como finalidad la lucha contra el terrorismo etarra y otros similares; siempre partiendo del principio de aplicar sólo las leyes y los métodos existentes en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. El segundo se ha firmado recientemente, con una orientación clara a la lucha contra el yihaidismo.
Personalmente, jamás me opondré ni haré una crítica despiadada a cualquier iniciativa de esta naturaleza. No obstante, en el caso de que los pactos tengan una finalidad distinta a la lucha contra el terrorismo, o sean señuelos para engañar a las víctimas y al pueblo, no dudaré en oponerme a ese tipo de traiciones. Hablo hipotéticamente, pero los hechos han demostrado que no hay que descartar ninguna posibilidad.
Los españoles que éramos adultos en el año 2000 hemos podido comprobar que el pacto suscrito entre PP y PSOE inicialmente dio sus frutos y ETA, aplicando la legislación y sólo de esa forma, recibió un varapalo que auguraba el éxito del Estado de Derecho sobre el crimen organizado. Desgraciadamente, pudimos constatar unos años después que Zapatero, promotor del pacto, negoció unilateralmente con los etarras a espaldas del PP. Llegado a la Presidencia del Gobierno, sin derogar el pacto obtuvo una autorización parlamentaria para negociar -no sabemos qué- con los terroristas. Cada lector puede sacar sus propias conclusiones sobre el uso que los firmantes del pacto hicieron del mismo.
El hecho se agrava al recordar que la autorización fue apoyada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Ni las víctimas ni los ciudadanos estaban de acuerdo con la decisión parlamentaria. Nuestros dirigentes desoyeron las razonables reclamaciones realizadas por el pueblo que los eligió y por las víctimas que padecen el terrorismo.
El 11 de marzo de 2004 se produjo el mayor atentado de nuestra historia. ¿Se aplicaron los contenidos del pacto? Sólo hubo unanimidad en los primeros momentos de confusión, cuando todos imputaron el atentado a ETA. Después, una única y falaz sentencia dejó en evidencia la burda mentira del pacto del año 2000.
Con una sentencia sin autores y transcurridos once años de silencio y sin investigaciones, parece que todo estuviera hecho y la deuda con las víctimas y el pueblo se hubiera saldado. ¿No siguen pendientes la Verdad y la Justicia? ¿ Se ha hecho algo en plan preventivo durante todo este tiempo?Sí hemos podido constatar en cambio el cierre de filas de todas las formaciones políticas para imponer la mentira y el silencio en torno al crimen de lesa humanidad del 11-M. Los recientes crímenes de París, en cambio, parecen ser causa suficiente para pactar un plan bipartidista contra el terrorismo que, mientras no se demuestre lo contrario, nada tiene que ver con los atentados de los trenes de Cercanías.
¿Qué intereses ocultos tienen nuestras formaciones políticas que puedan justificar este incomprensible proceder?