Bien está que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha haya vendido 52 de los 68 vehículos oficiales de alta gama del anterior Ejecutivo socialista en una subasta en la que se ha recaudado en torno a los 300.000 euros. Entre los 16 coches que no han encontrado todavía comprador se encuentra el espectacular Audi A8 blindado de Barreda, a pesar de que su precio de salida –156.000 euros– ha sido bastante menos de la mitad de lo que costó, unos 377.000. Pero, claro, a ver quien es el guapo que puede permitirse gastarse en un coche lo que no se gasta el presidente de los EEUU. Como no sea un alcalde, otro presidente autonómico u otro servidor público de los que pululan en España, va a estar difícil encontrarle comprador.
Con todo, mucho más escandaloso debería resultar el despilfarro que ha constituido y sigue constituyendo la existencia de televisiones públicas, en general, y las autonómicas, muy en particular. Aunque se hayan recortado notablemente los sueldos a la nueva dirección de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, y se haya suprimido su segundo canal de televisión, este vampiresco organismo público maneja un presupuesto que sobrepasa, nada más y nada menos, que los 76 millones de euros anuales.
Parece ser, sin embargo, que Cospedal se ha olvidado de privatizar la televisión autonómica, tal y como se comprometió a hacer con ocasión de su investidura. Y lo digo porque las últimas palabras que le he leído al respecto aseguran que "lo mejor" que pueden hacer los gobiernos que cuentan con medios de comunicación públicos, no es cerrarlos o venderlos, como sería de esperar, sino "ofrecer pluralidad informativa".
Para reír, si no fuera para llorar, esto de la "pluralidad informativa" siempre ha sido, desde sus orígenes, la conocida y fraudulenta cantinela con la que los políticos de todo signo han justificado y mantenido el liberticida despilfarro que constituye la existencia de medios de comunicación a cargo del contribuyente. Para una televisión "barata y plural" ya tenemos el mando de la televisión y unas cadenas privadas que ofrecen en abierto sus servicios al público sin cobrarle un solo céntimo. Claro que nuestros políticos llaman "servicio público" a servirse del público para sostener coactivamente lo que sólo está a su servicio.
Aun es peor, con todo, el caso de la televisión pública valenciana que, con un presupuesto de más de 184 millones de euros anuales y una plantilla de 1.800 trabajadores –mucho mayor que la que tienen, juntas, Tele 5 y Antena 3–, tiene, además, una deuda de más de 1.285 millones de euros, el equivalente a la congelación de las pensiones aprobada por el gobierno. Y algo parecido se podría decir de la TV3 catalana, cuya deuda también sobrepasa los 1.000 millones de euros; o de Telemadrid, que tiene una plantilla de unos 1.170 trabajadores y una deuda que alcanza los 230 millones de euros.
No sé a cuánto ascenderá el importe de lo que nos cuesta la "flota" de televisiones públicas que hay en España; pero estoy seguro de que nos cuesta mucho, muchísimo más que el carísimo chocolate del loro que supone la flota de coches oficiales con la que cuentan y siguen contando nuestros gobernantes. Eso, sin olvidar, que aquella resulta mucho más gravosa para la libertad y la independencia informativa que exige una auténtica democracia.