Se quejaba el otro día Serafín Fanjul en la tercera de ABC de cómo "la inoperancia absoluta de la derecha política en los últimos tres años, en los planos político, jurídico, social y cultural, ha permitido el crecimiento y dado alas a quienes sólo eran grupúsculos de visionarios o chalados folclóricos, incluidos los protopodemos, y los ha animado a llevar a cabo sus sueños".
Pues bien, centrándonos en Cataluña, el mismo Gobierno español que, de forma reiterada, no se ha atrevido a someter al imperio de la ley a los sediciosos gobernantes autonómicos y que tampoco ha dejado de financiar, de manera indirecta pero decisiva, su carísimo proceso de construcción nacional trata ahora de disuadir la inminente declaración de independencia nacionalista con una serie de males que van desde la expulsión de Cataluña de la UE hasta la creación de un corralito bancario. Eso, naturalmente, cuando no se dedica a disuadirlo, no menos vergonzosa y estérilmente, con claudicantes ofertas que van desde un pacto fiscal muy similar al cupo vasco, pasando por una reforma constitucional que encaje la singularidad catalana o la cesión del 100% del IRPF a nuestras ya de por sí sobrefinanciadas Administraciones regionales.
Con todo, no menos claudicante y estéril, como ya apuntaba, es el ridículo "llanto y crujir de dientes" con el que nuestra inoperante clase política amenaza a los catalanes si Mas consuma aquel compromiso de investidura de 2012 de llevar Cataluña a "su plenitud nacional". Y lo es porque lo malo de apelar al primo de Zumosol (léase la UE y el Banco europeo) como única forma de disuadir a los separatistas es que no puede entrar en escena hasta que sea el presidente del Gobierno español, y no el presidente de la Generalidad, el que proclame la independencia de Cataluña.
Puestos a sofocar financieramente al separatismo, más nos valdría que lo hiciera el Gobierno de España y antes de que los separatistas consigan su Estado propio. Europa no va a ser más españolista que España y no va a expulsar de su seno, ni siquiera temporalmente, a ninguna región a la que su Gobierno nacional no reconozca de iure su independencia. No hay por tanto riesgo alguno de expulsión de Cataluña de la UE y del euro por el hecho de que los nacionalistas declaren la semana que viene la independencia de Cataluña.
De lo que hay riesgo cierto es de que Rajoy no quiera admitir la existencia de la nueva y radical ilegalidad que dicha proclamación de independencia supone, tal y como ya hizo con la no menos delictiva consulta secesionista del 9-N. De lo que hay riesgo es de que, por no reconocerle efectos jurídicos, Rajoy niegue la existencia misma del delito y le otorgue impunidad. El riesgo está en que Rajoy siga otorgando créditos como los que los sediciosos gobernantes autonómicos le han venido sacando desde 2012 sin condiciones. El riesgo está en que la Generalidad diga mañana que no reconoce la deuda avalada o contraída por el Reino de España y que los bonos patrióticos o los fondos de liquidez autonómica, destinados a mayor gloria de la "plenitud nacional de Cataluña", lo tengamos que sufragar el resto de los españoles. El riesgo está en seguir admitiendo en Cataluña una independencia de hecho que no tiene reconocimiento en Derecho.
Así que mientras Rajoy no cumpla su primer deber como gobernante, que es el de cumplir y hacer cumplir la ley, dejémonos de corralitos que sólo cubren las vergüenzas de avestruces y gallinas.