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Guillermo Dupuy

Habrá que vigilar al Gobierno de Rajoy

Muerto Montesquieu, ninguna legislación ni Constitución pueden impedir que un estatuto abiertamente inconstitucional salga aprobado, o que criminales irredentos salgan en libertad, o que una organización terrorista cuele un brazo en las instituciones.

Guillermo Dupuy
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De los comunicados que la banda terrorista ETA ha hecho llegar a los españoles, así como de la numerosa documentación que le ha sido incautada, pero que no ha sido ocultada por el Gobierno, podemos deducir que la "paz etarra" no solo exige la permanencia de su brazo político en las instituciones, sino también que se acelere el proceso de concesión de permisos penitenciarios y excarcelaciones de sus presos, así como que se ponga en fase de derribo el actual estatuto de autonomía vasco.

Naturalmente, no quiero decir con esto que ETA renuncie a sus objetivos máximos (esto es, una república socialista que incluya a Navarra y al País Vasco francés, así como a la más inmediata y total impunidad para sus presos), pero fijarnos en ellos sería sobrevalorar la capacidad de chantaje de la organización terrorista tanto como insensibilizarnos a nosotros mismos hasta el punto de no ver las concesiones que la banda va obteniendo de su estratégico y chantajista "alto el fuego".

Es evidente que, con Bildu, como con ANV y con el PCTV, el Gobierno ha pasado, tal y como le reclamó públicamente ETA en 2006, "de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco". Pero con este requerimiento etarra, que no venía más que a recordar los "compromisos adquiridos" con los emisarios del Gobierno, la organización terrorista no solo se refería a la burlada la ley de partidos, sino también al "cambio en el marco jurídico-político" del País Vasco y al "derecho decidir de los vascos", expresiones ambas que Zapatero tuvo que asumir públicamente para calmar a sus criminales compañeros de viaje.

De la misma forma que Aznar se topó con una tregua que ETA había negociado previamente con los separatistas en Estella, Rajoy se va a encontrar en el Gobierno con una "paz" negociada con Zapatero. Para colmo, Rubalcaba aspira a ser el líder del principal partido de la oposición. Pese a ese terrorífico escenario, las cosas han cambiado desde 1998, y, francamente no me veo a Rajoy ofreciendo "generosidad" a los etarras ni ofreciéndose a mantener "contactos con el MLNV", tal y como hizo Aznar con el objetivo de lograr que ese cese temporal fuese definitivo. Pero el chantaje de ahora ahí está y, como se encuentra encubierto, corremos el riesgo de que se pretenda atender de forma encubierta. Por eso hay que extremar la vigilancia sobre el Gobierno. Muerto Montesquieu, ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución pueden impedir que un estatuto abiertamente inconstitucional salga aprobado, o que criminales irredentos no sean detenidos o salgan en libertad, o que una organización terrorista pueda colar un brazo en las instituciones y percibir dinero público. Lo hemos visto con el soberanista "estatuto" catalán, lo hemos visto con De Juana o Josu Ternera, lo hemos visto con ANV y con Bildu. Sencillamente todo está en manos del Gobierno. Y si el Gobierno no quiere ser obstáculo, entonces ni la ley de partidos, ni la reforma de la Loreg, ni el ordenamiento penal, ni la Constitución limitarán ni serán obstáculos para nada. De ahí la renovada esperanza de ETA con las "nueces de la paz". De ahí mi temor a que Rajoy nos haga trampas.

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